La iniciativa fue liderada por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), con el acompañamiento técnico de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP). El código se alinea con los estándares de la Unesco y la OCDE, resultado de un proceso participativo y multisectorial.
La República Dominicana se convierte así en uno de los pocos países de América Latina y el Caribe en contar con un marco ético vinculante para el uso gubernamental de inteligencia artificial, en un contexto global en que la regulación de estas tecnologías cobra urgencia creciente.
Qué regula el nuevo Código de Ética
El decreto introduce cinco pilares normativos de alto impacto. El primero establece las Evaluaciones de Impacto Ético y de Derechos (EIED): todo sistema de IA clasificado como de alto impacto —aquel que afecte el acceso a derechos, beneficios sociales o potestades sancionadoras— deberá superar una evaluación rigurosa y obtener la aprobación del órgano de supervisión antes de entrar en operación.
El segundo pilar garantiza la transparencia algorítmica y el derecho a la revisión. La ciudadanía tendrá derecho a conocer cuándo un trámite o decisión administrativa haya sido respaldado por IA, y contará con canales accesibles para solicitar explicaciones comprensibles y activar mecanismos de revisión humana.
Prohibiciones absolutas y protección a la infancia
El código establece usos estrictamente prohibidos, entre ellos el scoring o clasificación social generalizada, la identificación biométrica masiva en espacios públicos sin orden judicial, el perfilamiento criminal predictivo basado en sesgos territoriales o socioeconómicos, la automatización de sentencias penales y el desarrollo de armas autónomas.
En materia de protección a la infancia, la normativa consagra una presunción reforzada de riesgo frente a cualquier sistema automatizado dirigido a niños, niñas y adolescentes, y prohíbe categóricamente el uso de IA que genere o distribuya contenido lesivo, abusivo o discriminatorio contra este grupo poblacional.
El quinto pilar aborda la soberanía digital: las instituciones públicas deberán exigir a sus proveedores garantías de trazabilidad, ciberseguridad y control soberano de los datos de los dominicanos, bloqueando la adquisición de sistemas de «caja negra» que no puedan ser auditados por el Estado.
Nuevo Consejo Nacional y plazos de adecuación
El decreto dispone la creación del Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, un órgano consultivo y de coordinación integrado por instituciones clave del Estado y representantes no gubernamentales del Foro Multiactor de Gobierno Abierto, con participación de la academia y la sociedad civil.
Las entidades públicas contarán con un plazo transitorio de 180 días calendario para adecuar sus procesos internos, registrar los sistemas tecnológicos en funcionamiento, designar a los funcionarios responsables e implementar las medidas necesarias para cumplir con la nueva normativa.
