El Senado de Brasil aprobó este martes la intervención federal en el Distrito federal, decretada por el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, tras el asalto perpetrado el domingo por bolsonaristas radicales contra las sedes de los tres poderes en la capital.
Ocho senadores bolsonaristas, entre ello, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, votaron en contra. Mientras el Gonierno divulgó una lista con 277 nombres de personas que han sido enviadas a prisión después de perpetrar el mayor ataque contra la democracia desde el fin de la dictadura en Brasil. Al menos, 1.500 personas han sido detenidas.
El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes afirmó que las instituciones castigarán a “todos los responsables”. “Las instituciones no están hechas solo de mármol y sillas. Están hechas de gente, de coraje, de cumplimiento de la ley. Que no crean esos terroristas que hasta el domingo cometieron motines y crímenes, y que ahora se quejan de que están en la cárcel queriendo que la prisión sea un campamento de verano“, continuó.
Miles de brasileños salieron a las calles el lunes por la noche en diferentes ciudades del país para mostrar su apoyo Lula. “Golpistas encarcelados”, “Democracia siempre” o “Abajo el vandalismo fascistas” fueron algunos de los eslóganes que enarbolaron.
El lunes por la tarde, tras la reunión de urgencia que convocó con los gobernadores, el mandatario abandonó el Palacio de Planalto y simbólicamente caminó con todas las autoridades hasta el STF.
“No habrá golpe de Estado”
Lula aseguró que los criminales pagarán por los actos golpistas y los destrozos provocados en el Palacio de Planalto, en el Congreso y en el STF.
“No vamos a dejar que la democracia se nos escape de las manos, porque es la única oportunidad que tenemos de garantizar que la gente humilde llegue a comer tres veces al día, o tenga derecho a trabajar”, aseveró.
Y continuó: “Lo que quieren es un golpe de Estado y no habrá golpe de Estado”.
Los bolsonaristas radicales llevaban acampados frente al cuartel del Ejército desde octubre en protesta por la victoria de Lula, muchos de ellos movidos por consignas golpistas.
“Estaban frente a los cuarteles ¿qué reivindicaban? ¿un aumento de salario, más libertades, vivienda? No, solo el golpe”, subrayó el presidente, quien afirmó que “lo que pasó estaba previsto”. “Las personas en las calles y frente a los cuarteles no tenían agenda ni reivindicaciones“, sentenció.
Empresas del agronegocio
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, confirmó que se identificó en diez estados a los responsables de los actos de vandalismo y que muchas de las empresas implicadas están ligadas al agronegocio.
Dino destacó que todavía no es posible “distinguir claramente” las responsabilidades sobre la financiación, pero lo que “sí se puede afirmar es que hubo financiamiento”.
Sin nombrar directamente al expresidente Jair Bolsonaro, el ministro comentó: “Las palabras tienen poder y esas palabras se convirtieron en odio y destrucción (…) hay personas, líderes políticos, que son los responsables del discurso de odio y destrucción que vimos ayer en la sede de los tres poderes con miras a un golpe de Estado”.
La Abogacía General de la Unión (AGU) identificó a más de 100 empresas –muchas con sede en Mato Grosso y Santa Catarina– sospechosas de haber financiado el ataque golpista. El dinero se utilizó para pagar los autobuses que transportaron a los bolsonaristas y para ayudar a las personas a permanecer acampadas frente al Cuartel General del Ejército.
Por su parte, el interventor federal en el Distrito Federal, Ricardo Cappelli, apuntó que el ataque fue posible por una “operación de sabotaje” en las fuerzas de seguridad locales.
Cappelli acusó a quien era el máximo jefe de seguridad, el policía Anderson Torres, de dejar sin liderazgo a las fuerzas de seguridad de Brasilia al cambiar todo su mando y luego “huir al exterior”.
Torres fue uno de los colaboradores que más le secundó la campaña de Jair Bolsonaro contra el sistema electrónico. Después de lo ocurrido el domingo, Torres fue destituido por el gobernador, Ibaneis Rocha, quien a su vez quedó suspendido del cargo por un juez del STF.
