La decisión del presidente de Chile, Gabriel Boric, de indultar a 13 personas que estaban privadas de su libertad provocó una crisis política, ya que la oposición decidió retirarse de la mesa de seguridad en la que participaba junto con el Gobierno, mientras que la Corte Suprema criticó al mandatario al considerar que se atribuyó facultades que no le corresponden.
El viernes, Boric cumplió una de sus principales promesas de campaña y anunció de manera sorpresiva los indultos a 12 presos que habían sido condenados por haber cometido delitos durante las históricas protestas que formaron parte del estallido social de fines de 2019.
A ellos sumó a Jorge Mateluna, un exguerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que luchó contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que estaba detenido desde 2013, acusado de haber robado un banco.
La polémica fue inmediata y no se atenuó ni siquiera durante las fiestas de fin de año. El lunes, Boric recordó que los indultos son una atribución exclusiva del presidente.
“Esto es algo que reflexioné durante mucho tiempo. Lo tratamos de hacer mediante el Senado, en su momento no se pudo, no estuvieron las voluntades para avanzar en esa dirección y, por lo tanto, es una decisión que yo he tomado con plena conciencia y con mucha tranquilidad”, dijo desde Brasilia, a donde acudió para presenciar la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
También cuestionó la reacción de la coalición conservadora Chile Vamos que anunció su salida de la mesa de seguridad, una instancia de diálogo para enfrentar de manera conjunta los problemas que padece el país en esta materia que Boric considera prioritaria.
“Quiero decir a quienes pretendan poner en juego una agenda de corto y de largo plazo en materia de seguridad por decisiones exclusivas del presidente de la República, que están completamente equivocados. Acá yo los invito a que vuelvan a la mesa, Chile no puede seguir esperando que los políticos terminemos nuestras peleas para poder tener medidas concretas, invito a la oposición a que las peleas chicas las dejemos no para las cosas que son tan relevantes para la ciudadanía”, convocó.
Las palabras del presidente no tuvieron ningún efecto, ya que sus críticos endurecieron su posición. Lo tildaron de “defensor de delincuentes y terroristas”, incongruente y promotor de la impunidad.
Reacciones
La Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y Evolución Política (Evópoli), los tres partidos que forman parte de la alianza de derecha Chile Vamos, denostaron los indultos y confirmaron que, en represalia, no volverán a la mesa de seguridad.
El senador Javier Macaya (UDI) incluso advirtió que analizan la posibilidad de impugnar los indultos ante el Tribunal Constitucional y que promoverán una iniciativa de ley para retirarle esta facultad al presidente.
“Nos parece que es algo bien grave con respecto a la coherencia con que se tiene que actuar, se ve poco coherente cuando tú tomas una decisión de esa envergadura, considerando la señal de impunidad que se está entregando”, dijo.
En el mismo sentido se pronunció el secretario general de RN, Diego Schalper, quien consideró que es imposible participar de la mesa de seguridad con un Gobierno que no tiene un verdadero compromiso con el orden público. “(Boric) da señales tan erráticas de indultar delincuentes”, acusó.
Por otra parte, el jefe de la bancada de RN, Andrés Longton, lamentó que “mientras el país clama porque los delincuentes estén presos”, el presidente se dedica a liberarlos. “No vamos a seguir conversando con el Gobierno en esas condiciones”, reiteró.
El jefe del grupo parlamentario de Evópoli en el Senado, Luciano Cruz-Coke, consideró que los indultos “a los delincuentes” son “una burla” para quienes sufrieron la violencia durante el estallido social y para quienes, de buena fe, concurrieron a una mesa de seguridad que “tenía intenciones ocultas”.
En una de las primeras respuestas oficiales, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que estos serían los únicos indultos a personas acusadas durante el estallido social y recordó que los expresidentes Michelle Bachelet y Sebastián Piñera hicieron uso de esta facultad de una manera mucho más amplia.
“En el caso del presidente Piñera, varias de las personas que él indultó tenían condenas contra delitos de lesa humanidad y, ciertamente, a muchas personas no nos pareció correcta esa decisión, pero entendimos que era una prerrogativa de él”, aclaró al pedir que se respete de la misma forma la decisión de Boric.
Pero la polémica, en lugar de menguar, se acrecentó.
Más críticas
“Tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia. Esto no es una opinión personal (…) es la opinión de todos los juristas que se han acercado con seriedad al caso (…) Tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge“, afirmó Boric al justificar el indulto al exguerrillero.
La Corte Suprema de Justicia le respondió a través de una declaración pública en la que advirtió que no es el papel del presidente decidir si alguien es o no inocente ya que ello viola la independencia de los poderes.
“La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”, precisó.
Ni el presidente ni el Congreso, agregó, pueden ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos.
La Fiscalía Metropolitana también emitió una declaración en la que contradijo al presidente y ratificó la culpabilidad de Mateluna, quien es la segunda vez que recibe el beneficio del indulto. La primera vez fue en 2004, cuando el expresidente Ricardo Lagos lo liberó de la condena a cadena perpetua que había recibido por haber formado parte de una guerrilla.
Nueve años más tarde, lo detuvieron y acusaron de haber participado en el robo a un banco, delito del que siempre se declaró inocente. Organizaciones nacionales e internacionales ratificaron que el proceso en el que fue condenado a 16 años de prisión, de los cuales ya cumplió ocho, estuvo plagado de anomalías procesales.
