Por: Arismendi Díaz Santana.
Agradezco al Dr. César Gómez, director ejecutivo de la ARS-CMD, el haberse molestado en responder a mis observaciones. Pero lamento que se haya ido por la tangente, porque la misma no responde ni una sola de mis objeciones. No me extraña que se intente etiquetarme de privatizador, porque esa es ya una norma recurrente cuando se carece de argumentos para justificar los resultados lamentables que arroja el propio informe del CMD.
Si la ARS del CMD no restringe y solo ha sabido brindar solidaridad y permanente acompañamiento a sus afiliados, ¿Por qué entonces sólo entrega en servicios de salud 63 pesos de cada 100 que recibe, mientras el SENASA y las ARS privadas, entregan 90 de cada 100? ¿Cómo condenar el afán de lucro, si la ARS del CMD se queda con 37 pesos de cada 100 que recibe? ¿Quién beneficia más a los afiliados, una ARS que paga tan poco y se queda con tanto, u otras ARS que pagan tanto y se quedan con tampoco?
¿Cuál es la coherencia y la credibilidad de la cúpula de un sindicato que insiste tanto en que las ARS privadas son intermediarias, y sin embargo posee y administra una ARS que paga una proporción tan alta en intermediación? ¿Cómo explicar que se gasten más de 20 millones de pesos en “promotores de salud”, si los afiliados a la ARS del CMD son los propios médicos, que se supone que no necesitan motivación para continuar en su ARS? ¿Por qué tanta intermediación “improductiva” si los servicios son tan buenos, solidarios y oportunos, que no necesitan promoción?
Provecho la oportunidad para reiterar que: 1) apoyamos en aumento de las tarifas y honorarios; 2) recomendamos su reajuste con el aumento de la cápita; 3) demandamos la reducción gradual de los copagos ilegales; 4) exigimos mayor y mejor fiscalización de la SISALRIL; y 5) recomendamos un estudio independiente sobre la administración del riesgo y el desempeño de las ARS, incluyendo a la ARS del CMD.
Finalmente, sostenemos que los mayores privatizadores de la medicina han sido el Estado, por su incapaz durante más de 60 años, de brindar servicios públicos de calidad, forzando incluso a las familias más pobres y vulnerables hasta a endeudarse para acudir a un centro privado. Y también son privatizadores corresponsables, aquellos grupos que protegen a quienes no solo no cumplen con un horario limitado de 4 horas, sino además, suspenden los servicios, dejando a la población desamparada. La preferencia marcada por lo privado no es tanto por su eficiencia, sino por la ineficiencia del sector público.
