El trágico y desgarbador suceso ocurrido en la cañada de Guajimía, en Herrera, donde un joven perdió la vida a manos de agentes de la Policía Nacional tras intentar mediar en un operativo arbitrario, no es un hecho aislado. Es, lamentablemente, el fiel reflejo de una cultura de violencia institucionalizada que se resiste a morir y que impera desde las entrañas del propio órgano llamado a garantizar el orden y la seguridad ciudadana.
Es de justicia reconocer el esfuerzo genuino y sin precedentes que realiza el propio presidente de la República, Luis Abinader, junto a su vicepresidenta y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful. Cada lunes, desde la mesa de seguridad ciudadana, las máximas autoridades despachan y dan seguimiento directo a los resultados y estadísticas.
No hay duda de que existe una voluntad política al más alto nivel; sin embargo, los hechos en el asfalto y en los callejones de nuestros barrios demuestran que la estrategia y las actividades de la reforma policial deben ser revisadas profundamente en cuanto a su efectividad real. La Policía sigue replicando las mismas prácticas abusivas, prepotentes e irrespetuosas a los derechos fundamentales de los dominicanos.
El caso de Guajimía desnudó el origen del mal: una requisa ilegal, una práctica que insólitamente se ha normalizado en nuestro país. Sin orden judicial, sin indicios de delito, los agentes detienen a un ciudadano, lo obligan a vaciar sus bolsillos, a sacar su cartera, sus pertenencias y documentos, despojándolo de su dignidad en plena vía pública. Lo grave es que, a pesar de que el ciudadano colabore o demuestre su inocencia, el desenlace suele ser el intento de arresto violento o el uso desproporcionado de la fuerza letal.
Hay que decirlo con claridad y con dolor: esta violencia policial no se aplica democráticamente. Generalmente se ceba contra las clases sociales más desgraciadas, contra los más pobres, los más vulnerables, los de a pie; aquellos que no tienen un apellido sonoro, un carné de influencia ni conexiones con el poder. En los sectores marginados es donde la uniformada suele actuar como juez y verdugo, olvidando que la vida humana es sagrada y que su rol es proteger, no ejecutar.
Si de verdad queremos una transformación y no un simple maquillaje estético de la institución, la reforma debe calar en el comportamiento de cada alistado y oficial en las calles. Esto se logra mediante tres ejes perentorios:
Un régimen de consecuencias implacable: La impunidad interna es el combustible del abuso. Cada agente que actúe al margen de la ley o cometa un exceso debe ser procesado de inmediato por la vía penal ordinaria, sin corporativismos ni encubrimientos.
Mayor capacitación técnica y legal: Los agentes deben comprender con exactitud los límites de su autoridad, el protocolo del uso de la fuerza y el respeto irrestricto al debido proceso y a la Constitución dominicana.
Sensibilización y humanización: Se requiere generar una verdadera conciencia en los miembros de la Policía Nacional sobre sus deberes éticos, conectándolos con las necesidades y las legítimas expectativas de una sociedad que clama por una policía comunitaria, empática y civilizada.
La inversión económica y los discursos teóricos de la reforma no se pueden quedar en las oficinas del Palacio de la Policía. Mientras persista la cultura del “peaje”, la requisa arbitraria y el gatillo alegre, la brecha de desconfianza entre la ciudadanía y su policía seguirá ensanchándose. El dolor de Herrera debe ser el punto de inflexión definitivo: el uniforme no puede seguir siendo una licencia para el atropello.
