Dos tribunales del Distrito Nacional impusieron medidas de coerción contra Ángel Martínez e Ingrid Jorge, conocida como “la Torita“, ambos imputados por difamación e injuria en perjuicio de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción, ordenó contra Martínez presentación periódica, impedimento de salida del país y el pago de una garantía económica de 500 mil pesos. Martínez, detenido desde el pasado miércoles en la cárcel del Palacio de Justicia, fue arrestado tras una audiencia en la que se conocieron las imputaciones por sus declaraciones contra la funcionaria.
Durante la audiencia, varios simpatizantes se congregaron en los pasillos del tribunal en apoyo a Martínez, a quien calificaron como un “preso del Estado“. Su abogado, Surún Hernández, denunció que el proceso constituye una amenaza contra la libertad de expresión. La ministra Raful salió del tribunal sin ofrecer declaraciones; su abogado, Miguel Valerio, confirmó las medidas impuestas.
Ingrid Jorge
La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción, dictó medidas similares contra Ingrid Jorge: presentación periódica, impedimento de salida del país y una garantía económica de 200 mil pesos.
Jorge fue imputada tras afirmar públicamente que poseía material íntimo de la ministra, de lo cual se retractó posteriormente. El Ministerio Público consideró que existen indicios suficientes para que enfrente el proceso bajo control judicial, sin prisión preventiva.
Ambos casos se inscriben en un contexto de creciente tensión entre el ejercicio irresponsable de la opinión en medios digitales y el derecho a la honra. Los sometimientos se corresponden con un desbordamiento de ataques personales y el uso del entorno digital para difamar, chantajear y propagar discursos de odio, lejos del marco ético que exige la libertad de expresión.
Querellas contra Aquiles Jiménez y “el Detective” suman 24
En el Departamento de Delitos y Crímenes de Alta Tecnología de la Fiscalía del Distrito Nacional se han presentado 14 querellas contra Aquiles Jiménez Fernández, la última de estas fue hecha por Plaza Lama, según los registros de esa dependencia del Ministerio Público.
La demanda de Pedro Juan Lama Haché y Plaza Lama, S.A., los últimos querellantes constituidos en actor civil, al exigir indemnizaciones por daños y perjuicios, está pautada para conocerse mañana.
También mañana, contra Aquiles Jiménez habrá una vista por otra querella de Guido Gómez, presidente de Indotel. Todas son por difamación e injuria a través de medios electrónicos.
Hoy contra Milagros
Este miércoles, la exviceministra de Cambio Climático de Medio Ambiente, Milagros De Camps se enfrentará a Aquiles Jiménez por la demanda que le interpuso por dañar su reputación y honra.
Esta acción se depositó a la vez con la que presentó la exfuncionaria contra Ángel Martínez y por la cual ya se le impuso coerción a este.
A Jiménez también se le sindica como miembro de la estructura que movilizaba el dinero obtenido de los pagos del Estado a Transcore Latam en el escándalo del contrato para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo, pero por cuyo caso no ha sido sometido a la justicia.
Entre las querellas presentadas contra él por difamación se agregan la de Isaura Taveras, la de los periodistas Marino Zapete y Altagracia Salazar. En el 2022 fue condenado por difamación e injuria contra el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla.
El miércoles de la semana pasada Jiménez fue detenido por usar pertrechos militares y dejado en libertad el viernes, mientras el proceso por esta imputación continúa en la justicia.
Demandas contra Martínez
Desde que fue detenido por una orden de rebeldía al arribar al país por Puerto Plata, hace dos meses, “el Detective“, como se le conoce a Ángel Martínez, de 71 años de edad, se la pasa de un tribunal a otro, y ha sido dejado detenido en dos ocasiones por varios días. La primera orden de captura por la que fue obligado a bajar de un crucero en la costa norte se le había emitido por una querella por difamación e injuria del diputado Goris Moya.
Pocos días después se emitió otro arresto por no acudir a la audiencia de la demanda que le interpuso Arnulfo de Jesús Gutiérrez Almonte, presidente de la Asociación Ecuestre Nacional, quien lo señala de exigirle dinero a cambio de retirar un video difamatorio publicado en su cuenta de Youtube. Pero esa no es la única persecución que se hace contra el Martínez por extorsión. La señora Sandra Eugenia de la Rosa lo acusa de haberla estafado y extorsionado con más de 300 mil dólares, al presentársele como investigador de la CIA y del FBI prometiéndole resolver un caso judicial.
Por difamación, al igual que Moya, los otros ocho acusadores del que se hace llamar “investigador” son la ministra Faride Raful, el exministro de Educación Roberto Fulcar, el diputado Gregorio Domínguez, la exviceministra Milagros De Camps, los periodistas Vargavila Riverón, Colombia Alcántara , Arismendy Almonte y Guido Gómez Mazara, estos últimos cuatro arribaron a un acuerdo con Martínez.
