Ante el anuncio realizado este martes por la Junta Directiva del Colegio Médico Dominicano, de un paro de prestación de servicios de salud este jueves 17 y viernes 18 de noviembre a los afiliados al régimen contributivo del seguro familiar de salud, cerca de 3 millones de ciudadanos quedarán sin seguro de salud.
Se trata de la más reciente escalada en las luchas que ha iniciado el gremio médico demanda de mejoras al plan básico de salud, indexación de las tarifas de honorarios médicos profesionales y pago de consultas ambulatorios a pacientes, a pesar de una comisión especial de alto nivel creada por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) para atender este tipo de situaciones.
El CNSS creó hace apenas 6 días una Comisión Especial de alto nivel con el mandato expreso de reunir a los sectores y analizar las causas de los conflictos, demandas y propuestas de acción y rendición de un informe a ese órgano, “lo más pronto posible“. El Colegio Médico Dominicano es parte del CNSS y de la comisión creada, no obstante, realizan la escalada de protestas.
El propio superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Dr. Jesús Feris Iglesias, en los últimos meses ha procurado encuentros con las partes envueltas en este conflicto sin lograr resultados satisfactorios entre éstos.
Lo cierto es que millones de ciudadanos se sumarán a los ya afectados de unas cinco ARS que han sido vetadas por los facultativos y quedarán sin seguro de salud y se requiere la intervención urgente desde el Estado para buscar una solución ante la incapacidad material de que gremios médicos y administradoras de riesgos de salud (ARS) se pongan de acuerdo. Se trata de un liderazgo que tiene muchas y serias oportunidades.
Cabe resaltar que cada día de huelga le representa millones en ahorros y consecuentes beneficios para las ARS, mismo dinero que sale de los bolsillos de los afiliados y, en algunos de los casos, puede incluir una degeneración de la condición de salud que pudiere devenir en la muerte de un afiliado.
Se requiere, insistimos, la mano de hierro del Estado en esta situación de emergencia para que imponga desde el CNSS una solución a este conflicto, que pudiere incluir, disponer un aumento de los honorarios médicos y una iniciativa legislativa para revisar la financiación del seguro familiar de salud del régimen contributivo.
Para ello, urge la capacidad de llegar a acuerdos y la toma de decisiones valientes por parte de los consejeros que den al traste con una resolución del más alto órgano de dirección y regulación del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Los ciudadanos están en el medio, insistimos, en total desamparo. Algo debemos hacer.
Todo esto ocurre mientras la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, recibe miles de quejas al mes sobre cobros indebidos por parte de médicos y prestadores de servicios de salud, así como negación de cobertura por parte de las ARS, sin que haya hasta ahora sanciones ejemplarizadoras contra ninguno de estos actores.
Hemos escrito en el pasado acerca del necesario carácter de los órganos reguladores de este sistema país que garantice respeto y cumplimiento de las normas y un régimen de consecuencias.
Se requiere además de fortalecer la calidad de la función reguladora del Estado respecto del acceso efectivo y materialización del derecho a la salud y a la seguridad social, cosa que solo puede lograrse con una robusta y eficiente estructura normativa (leyes y reglamentos), junto a un equipo de profesionales del sector, no solo capacitados, sino con el carácter necesario para hacer valer la norma reguladora, servidores públicos de aquellos con la gallardía y la entereza para hacer que las cosas sucedan.
Hoy día, profesionales y técnicos de planes y servicios de salud, tanto de la SISALRIL, de la Tesorería de la Seguridad Social, y de las propias ARS y gremios y sociedades médicas especializadas debería tener propuestas técnicas y financieramente sostenibles que sean presentadas al CNSS para solucionar el impasse que coloca a los ciudadanos en situación de indefensión.
Realmente, 21 años después de aprobadas las leyes 87-01 que creó el sistema dominicano de seguridad social y la ley 42-01, general de salud, más bien, deberíamos estar pasando balance a los resultados de la calidad esperada, la desconcentración de los servicios de salud y la mejoría de todo nuestro sistema sanitario, la automatización e informatización de los procesos asociados a la salud, historia clínica digital, portabilidad de los expedientes médicos, recetas electrónicas, entrega de medicamentos en los hogares, pero no… los intereses particulares, se han puesto por encima del interés colectivo de los objetivos de Estado en salud y seguridad social.
Invito a todos los sectores involucrados a reflexionar sobre la pertinencia de deponer determinadas actitudes en aras de fortalecer nuestro sistema de protección social, respetando los derechos adquiridos de todos los actores, la libre empresa, y por supuesto, el fundamental y humano derecho efectivo a la salud.
A pesar de que los últimos meses se ha evidenciado una sinergia y capacidad de trabajo pocas veces vista entre los reguladores, la Gerencia General del CNSS y su presidente, el Ministro de Trabajo, urge la empatía de determinados sectores para continuar emitiendo resoluciones que mejoren nuestro sistema país.
Sobre el autor:
Kinller E. Moquete. Abogado, especializado en formulación de políticas públicas sociales. Máster Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social y en Planes y Fondos de Pensiones. Presidente de la Asociación de Egresados de la OISS.
