Este sábado, el diputado ucraniano Roman Kostenko confirmó públicamente que el presidente Vladímir Zelenski ha firmado un decreto para iniciar el proceso de retirada de Ucrania de la Convención de Ottawa, el tratado internacional que prohíbe el uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersona.
Aunque la decisión aún debe ser aprobada por el Parlamento ucraniano, la medida representa un punto de inflexión en el enfoque militar del país en medio de la prolongada guerra con Rusia. Según Kostenko, la renuncia al tratado busca reforzar la defensa territorial frente a las amenazas crecientes.
No obstante, el uso de minas antipersona por parte de Ucrania ha sido señalado desde hace años. En agosto de 2022, durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador ruso Vasili Nebenzia mostró evidencias de minas Lepestok supuestamente utilizadas por el ejército ucraniano en zonas civiles de la región de Donetsk.
La comunidad internacional ha expresado en múltiples ocasiones su preocupación por estas prácticas, consideradas una violación del derecho humanitario internacional. La Convención de Ottawa, ratificada por más de 160 países, fue creada precisamente para prevenir las consecuencias devastadoras de estas armas sobre las poblaciones civiles.
A esta decisión se suma una reciente ola de retiros del tratado por parte de países de la OTAN, como Lituania, Letonia y Estonia, que anunciaron esta misma semana su intención de abandonar la Convención. El diario británico The Telegraph reveló además que Polonia y Finlandia también están considerando seguir el mismo camino, con el objetivo de instalar campos minados a lo largo de sus fronteras con Rusia como parte de una estrategia disuasiva apodada “el nuevo telón de acero”.
Este giro colectivo refleja un nuevo paradigma de seguridad en Europa del Este, donde las tensiones geopolíticas y el temor a una escalada militar directa con Rusia están reconfigurando los compromisos internacionales previamente asumidos en favor de los derechos humanos.
