Por Dr. Isaías Ramos
La sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional ha sido un rayo de luz en medio de la oscuridad institucional que durante décadas ha secuestrado la participación ciudadana en la República Dominicana. Por primera vez, se reconoce de manera clara y definitiva que los ciudadanos pueden postularse como candidatos independientes a través de agrupaciones sociales o cívicas, sin la tutela obligatoria de partidos políticos. Se trata de un acto de justicia constitucional que reafirma el derecho sagrado de elegir y ser elegido, consagrado en el artículo 22 de nuestra Constitución.
Pero, como era de esperarse, el poder tradicional ha entrado en pánico. Diputados, voceros de la sociedad civil y técnicos disfrazados de neutralidad han iniciado una ofensiva discursiva para frenar lo que no pueden bloquear legalmente: el derecho del pueblo a participar sin pedir permiso.
La intención es clara: vaciar de contenido la sentencia sin desafiarla directamente. Se recurre al lenguaje técnico para encubrir el miedo político. Es el viejo truco: aparentar institucionalidad mientras se sabotea el avance democrático.
Y en medio de esa estrategia se revela una contradicción que clama por justicia: el propio artículo 77 de la Constitución, en su primer párrafo, afirma que los senadores y diputados “serán elegidos por sufragio universal directo”, es decir, por el voto directo del pueblo. Sin embargo, su numeral 1 permite que, cuando se produce una vacante, el partido del legislador designado sea quien nombre a su sustituto. En otras palabras: alguien que el pueblo no eligió democráticamente puede ocupar una curul con pleno poder legislativo.
¿Cómo puede hablarse de sufragio directo cuando un cargo electo puede ser entregado por mera decisión de una cúpula partidaria?
¿Dónde queda el artículo 208, que exige que el voto sea personal, libre, directo y secreto?
¿Y el artículo 2, que establece que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo?
Esta contradicción entre el mandato democrático y la práctica antidemocrática de sustitución altera el principio de representación proporcional y debilita la legitimidad del Congreso.
La situación se agrava con la implementación del voto preferencial, mediante el cual la ciudadanía no solo vota por partidos, sino por personas específicas dentro de una lista. Ese vínculo personal, directo y consciente entre votante y representante es quebrado cuando se permite que un partido sustituya al electo sin consultar al pueblo.
Por eso, desde el Frente Cívico y Social (FCS), proponemos una solución inmediata, sensata y coherente con el espíritu constitucional:
Que las candidaturas independientes incluyan un suplente electo en la misma boleta, como existía antes de la reforma de 2010. De esa manera, si se produce una vacante, el pueblo seguirá siendo representado por alguien a quien eligió directamente, y no por un delegado impuesto desde arriba.
Este no es un debate técnico.
Es una lucha por la dignidad política del pueblo dominicano.
Es una disyuntiva histórica: o avanzamos hacia una democracia auténtica, o perpetuamos el control cerrado de una clase política que teme al juicio del pueblo.
Y desde el FCS les hacemos un llamado claro y sereno a quienes hoy ocupan funciones legislativas:
Ustedes juraron cumplir la Constitución por Dios y por la Patria.
La patria puede ser traicionada —y lo ha sido muchas veces—, pero Dios no puede ser burlado.
Cada uno de nosotros, tarde o temprano, tendrá que rendir cuentas: ante la historia, ante el pueblo y ante su propia conciencia.
Y al pueblo dominicano le decimos sin ambigüedades:
No esperes que nadie te salve. La salvación es colectiva.
Organízate. Participa. Firma. Postúlate.
Porque la República que soñaron nuestros padres fundadores no se construye desde el privilegio ni desde los pactos de élite, sino desde el corazón de un pueblo despierto, libre y valiente.
La libertad no se mendiga. La libertad se ejerce.
Y esta vez, no nos la van a quitar.
¡Despierta RD!
