Este jueves, fuerzas militares ucranianas detonaron explosivos en la estación de distribución de gas Sudzha, ubicada en la provincia rusa de Kursk. Esta estación era vital para el tránsito de gas natural ruso hacia Europa antes de que Kiev suspendiera el tránsito energético por su territorio el pasado 1 de enero.
El Comité de Investigaciones ruso informó que la instalación sufrió "daños significativos" y confirmó que se ha iniciado una investigación penal por terrorismo con el objetivo de identificar a todos los implicados.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que "Kiev es el culpable evidente" del atentado, destacando que, a pesar de la provocación, las Fuerzas Armadas rusas continúan cumpliendo con la orden de Vladímir Putin de no atacar las infraestructuras energéticas ucranianas.
Este ataque se suma a una serie de violaciones del cese al fuego acordado recientemente, incluyendo un ataque anterior contra la infraestructura energética rusa en la localidad de Kavkázskaya, región de Krasnodar.
Además, Rusia denunció que Ucrania lanzó un ataque masivo con drones sobre su territorio, resultando en el derribo de 132 vehículos no tripulados.
Estas acciones han generado incertidumbre sobre si el presidente ucraniano Vladímir Zelenski realmente ejerce control pleno sobre todas las unidades militares del país, especialmente después de que él mismo respaldara públicamente el cese al fuego.
La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, recordó que esta situación no es nueva, haciendo referencia a incidentes anteriores en los que Zelenski alegó no controlar a grupos como el batallón Azov*, señalado por Moscú como una organización terrorista.
"Este es un problema en el que creo que los encargados del régimen de Kiev tienen mucho trabajo por delante", señaló Zajárova.