WASHINGTON.— El asesor más poderoso del presidente Donald Trump, Elon Musk, tuvo una inusual aparición pública en la Casa Blanca el martes para defender los rápidos y extensos recortes que está impulsando en el gobierno federal, aunque reconoció que ha habido errores y que habrá más.
Musk se situó junto al escritorio presidencial con su hijo pequeño mientras Trump elogiaba el trabajo de Musk con su Departamento de Eficiencia Gubernamental, diciendo que han encontrado pruebas “impactantes” de gastos innecesarios.
El presidente republicano firmó una orden ejecutiva para expandir la influencia de Musk y continuar reduciendo la fuerza laboral federal.
A pesar de las preocupaciones de que está acumulando un enorme poder con poca transparencia, Musk se describió a sí mismo como un libro abierto mientras respondía preguntas de los reporteros por primera vez desde que se unió al gobierno de Trump como un empleado gubernamental especial.
Bromeó diciendo que el escrutinio sobre su amplia influencia en las agencias federales era como someterse a una “prueba de proctología a diario”. También afirmó que el trabajo del DOGE se estaba compartiendo en su sitio web y en X, la plataforma de redes sociales de la que es propietario Musk.
Sin embargo, el sitio web del DOGE no tiene información, y las publicaciones en X a menudo carecen de muchos detalles, incluyendo qué programas están siendo recortados y dónde tiene acceso la organización.
La Casa Blanca también ha trabajado para limitar la supervisión independiente. El inspector general de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional fue despedido al día siguiente de advertir que se había vuelto casi imposible monitorear 8.200 millones en fondos humanitarios después de que el DOGE comenzara a desmantelar la agencia.
Musk defendió el trabajo del DOGE como “sentido común” y “no draconiano ni radical”.
“El pueblo votó por una reforma gubernamental a gran escala y eso es lo que el pueblo va a obtener”, dijo. “De eso se trata la democracia”.
Musk reconoció, en respuesta a una pregunta sobre declaraciones falsas de que Estados Unidos estaba gastando 50 millones de dólares en preservativos para Gaza, que algunas de las afirmaciones que ha hecho sobre los programas gubernamentales han sido incorrectas.
“Algunas de las cosas que digo serán incorrectas y deben ser corregidas. Así que nadie puede batear 1.000”, dijo, en alusión a una estadística perfecta. El empresario prometió que actuaría rápidamente para corregir errores y reconoció que el DOGE también podría estar cometiendo errores.
“Nos estamos moviendo rápido , así que cometeremos errores, pero también corregiremos los errores muy rápidamente”, dijo Musk. Dijo que hay algunas buenas personas dentro de la burocracia federal, pero que deben rendir cuentas.
Musk describió a la fuerza laboral como un cuarto poder “no elegido” que tiene “más poder que cualquier representante electo”.
La orden ejecutiva firmada por Trump establece que un representante del DOGE deberá aprobar casi todas las nuevas contrataciones, una consolidación dramática de la gestión del personal en todo el gobierno federal.
“La agencia no cubrirá ninguna vacante para nombramientos de carrera que el líder del equipo del DOGE evalúe que no deben ser cubiertas, a menos que el jefe de la agencia determine que las posiciones deben ser ocupadas”, dice el decreto.
Además, la Oficina de Administración y Presupuesto requerirá que las agencias “contraten a no más de un empleado por cada cuatro empleados que se retiren”. Habrá excepciones en lo que respecta a inmigración, orden público y seguridad pública.
Los líderes de las agencias también recibieron órdenes de planificar “reducciones masivas de personal”. Se priorizarán las funciones gubernamentales no requeridas por la ley para su eliminación.
Trump y Musk ya están presionando a los trabajadores federales para que renuncien a cambio de incentivos financieros, aunque su plan está suspendido mientras un juez evalúa su legalidad.
El programa de renuncia diferida, comúnmente descrito como un paquete de liquidación, permitiría a los empleados renunciar y seguir recibiendo su salario hasta el 30 de septiembre. Funcionarios del gobierno dijeron que más de 65.000 trabajadores han aceptado la oferta.
Cientos de personas se reunieron para una marcha el martes frente al Capitolio de Estados Unidos en apoyo a los trabajadores federales. Janet Connelly, una diseñadora gráfica del Departamento de Energía, dijo que está harta de los correos electrónicos de la Oficina de Gestión de Personal que animan a las personas a aceptar el programa de renuncia diferida.
Intentó utilizar la configuración de spam para filtrar los correos electrónicos, pero no tuvo éxito. Connelly señaló que no tiene planes de aceptar la oferta. “Desde el principio, no confié en ello”, afirmó. Connelly dijo que considera que su trabajo es un importante servicio para el público estadounidense.
“Es demasiado fácil denigrarnos”, comentó.
Otros han dicho que el miedo y la incertidumbre han invadido a la fuerza laboral federal.
“Están preocupados por sus empleos. Están preocupados por sus familias. También están preocupados por su trabajo y por las comunidades a las que sirven”, dijo Helen Bottcher, una exempleada de la Agencia de Protección Ambiental y actual líder sindical en Seattle.
Bottcher participó en una conferencia de prensa que organizó la senadora demócrata Patty Murray.
Murray dijo que los trabajadores “merecen algo mejor que ser amenazados, intimidados y presionados a renunciar por parte de Elon Musk y Donald Trump”. También afirmó que “realmente necesitamos que estas personas se queden en sus trabajos o las cosas comenzarán a desmoronarse”.
Una abogada del gobierno, quien habló con The Associated Press bajo condición de anonimato por miedo a represalias, dijo que es un momento aterrador para ser un empleado federal. Indicó que a la gente le preocupa que sus teléfonos y computadoras estén siendo monitoreados. Ella es una madre soltera con una hija pequeña, y su padre le ha insistido en que acepte un trabajo más seguro en el sector privado.
Pero se ha mostrado escéptica ante el programa de renuncia diferida, enfatizando que aceptar la oferta implica que los trabajadores no pueden presentar una demanda si no se les paga el monto que se les prometió.
