Dr. Isaías Ramos
En nuestra nación, la Constitución no es solo un documento legal; es la promesa de una sociedad justa y equitativa. Sin embargo, esta promesa ha sido traicionada. El artículo 63, numeral 13, que obliga al Estado a educar a los ciudadanos en sus derechos y deberes fundamentales, en la formación social y cívica, y en la enseñanza de la Constitución, ha sido enterrado. Esto no es un accidente ni una simple omisión. Es un acto deliberado, parte de un modelo político, económico y social que sigue una lógica distópica: “quitarle a los de abajo para darle a los de arriba”.
En esta distopía real, ¿por qué educarían a un pueblo que, al conocer sus derechos, podría desafiar al sistema? Una ciudadanía consciente e informada es una amenaza directa al poder y los privilegios de una élite política y económica que se alimenta de nuestra ignorancia. La desinformación no es una falla del sistema; es su principal herramienta de control. Nos mantienen embrutecidos para debilitarnos, para que no podamos exigir lo que por derecho nos pertenece.
No se limitan a mantenernos en la ignorancia. Han perfeccionado el engaño con un lenguaje propio de las novelas distópicas. Hablan de “modernización fiscal” cuando, en realidad, planean subir impuestos que golpean con más fuerza a los pobres. Justifican “subidas abusivas en los peajes” con términos como “nivelación”, cuando esos recursos van directamente a engordar las arcas de sus financistas, quienes sostienen esta maquinaria de explotación.
Incluso los apagones programados, presentados como “control de oferta”, son un preludio para la privatización de nuestras infraestructuras energéticas en 2026, una maniobra diseñada para transferir el control de lo público a manos privadas.
El problema no es solo lo que hacen, sino cómo lo hacen. Cada acción está diseñada para sostener un sistema que despoja a las mayorías para beneficiar a una élite voraz. El sufrimiento de las mayorías se ha convertido en el precio de los privilegios de unos pocos. Lo más indignante es que esta traición se perpetra desde el mismo Estado que, en lugar de protegernos, ha decidido ignorar su mandato constitucional de educarnos y empoderarnos.
Sin embargo, esta realidad no es inmutable. La educación en derechos fundamentales no es un lujo ni una concesión; es un derecho constitucional y, más importante aún, la herramienta más poderosa para romper el ciclo de manipulación que nos mantiene sometidos.
La historia ha demostrado que un pueblo educado no se somete, se organiza, lucha y vence. Por eso, la educación en derechos fundamentales debe convertirse en una prioridad nacional. Conocer la Constitución no es solo un derecho, es el primer paso para construir una ciudadanía fuerte y activa, capaz de enfrentar a un sistema que se beneficia de nuestra desinformación.
En el Frente Cívico y Social estamos convencidos de que un pueblo informado y consciente es un pueblo invencible. Debemos exigir el cumplimiento del artículo 63 y todas las garantías que la Constitución nos otorga. No podemos permitir que sigan utilizando nuestra ignorancia como su mayor herramienta de poder.
Solo a través del conocimiento podemos desafiar este sistema que nos quita para darles a ellos y construir una sociedad donde la Constitución sea una guía real, no un papel que otros pisotean. Pero no basta con indignarnos. Es hora de pasar a la acción.
Participemos en nuestras comunidades, promovamos la educación cívica, enseñemos a nuestros hijos y vecinos sus derechos, y fomentemos la unión en torno a un propósito común: recuperar nuestra dignidad y nuestra libertad.
La narrativa distópica que nos han impuesto no tiene por qué ser nuestro destino. El futuro no pertenece a la élite que nos oprime, sino al pueblo que despierta, se educa y se organiza. Imaginemos una sociedad en la que cada dominicano conozca sus derechos, donde el poder no esté concentrado en unos pocos, sino emanando del pueblo.
Esa visión no es un sueño lejano; está al alcance de nuestras manos si actuamos juntos. Dejemos de ser espectadores y convirtámonos en protagonistas de nuestra historia. El poder es del pueblo, y es hora de reclamarlo.
¡Despierta, RD!
