La petición del primer ministro de Haití, Ariel Henry, pareciera cada vez más cerca de hacerse realidad: la posibilidad de una intervención de fuerzas armadas internacionales en la isla ya es una opción que barajan desde la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El domingo, el secretario general de la ONU, António Guterres, presentó una carta con opciones para “mejorar el apoyo” en materia de seguridad para Haití, un día después de que el Departamento de Estado de EE.UU. informara que evaluaba la petición de Henry, en coordinación con sus socios, para determinar cómo podía “aumentar” su cooperación con la isla.
Hasta ahora, ninguna nación se ha comprometido a enviar tropas. Ni siquiera la vecina República Dominicana contempla la posibilidad de un despliegue: “Es muy peligroso”, admitió el presidente dominicano, Luis Abinader, aunque su administración sí anunció la adquisición de la “mayor compra de equipamiento militar de la historia” del país caribeño.
Así, mientras la violencia recrudece en el país más empobrecido de América Latina, República Dominicana adquiere seis helicópteros, 10 aviones de reconocimiento, un veintena de vehículos militares “dotados de armas automáticas para autodefensa” y varios camiones, para garantizar “la seguridad fronteriza” en un área que amenaza con cerrar. ¿Es inminente la intervención?
Un polvorín
La violencia es ley en Haití. No solo porque un comando de mercenarios asesinó al presidente Jovenel Moïse en su residencia el año pasado, sino porque es una nación que ha sido históricamente castigada por ser la primera en liberarse del régimen colonial, hace más de dos siglos.
Su pobreza estructural, derivada de una deuda impagable que Francia le impuso y que EE.UU. terminó de agravar con un largo historial de expolios, es la raíz de los problemas de índole social y económico que arrastra ese país, y que ha servido de excusa para intervenciones internacionales con magros resultados “humanitarios”.
Por eso, ante la petición de Henry, los ciudadanos y las organizaciones médicas e independientes han alzado la voz para rechazar la posibilidad de una intervención, realizando manifestaciones en varias partes del país. Y es que, para ellos, los argumentos para oponerse a esa medida están a tiro de piedra.
Solo en 2010, cuando ocurrió el devastador terremoto en Haití, la decisión de enviar a fuerzas especiales para atender la catástrofe terminó en el recrudecimiento de la violencia, en la aparición de brotes como el cólera –que provocó más de 9.000 muertes–, en el surgimiento de tramas de corrupción por la gestión opaca de los recursos, y en un escándalo por los abusos sexuales y violaciones perpetrados por los cascos azules contra mujeres y niñas.
Aunque el Gobierno de Henry alega que la intervención serviría para contener la violencia de las pandillas y restablecer la normalidad en el país, lo cierto es que su petición llega en un momento de extrema debilidad para su administración.
A principios de este mes el premier haitiano anunció el fin de los subsidios a los combustibles, lo que desató una oleada de nuevas protestas en su contra y la postergación del inicio del curso escolar. El rechazo al Ejecutivo se dio en medio de un importante aumento de precios y escasez de carburantes, que ponen en mayores dificultades a los habitantes de un país que ya está a merced de las pandillas.
Una solicitud “grave”
Desde el Congreso también han saltado las oposiciones a la propuesta de Henry. El lunes, un grupo de diez parlamentarios calificó la petición del premier como una usurpación a las funciones del presidente de la República.
En una resolución dirigida a entidades estatales y a la representante especial del secretario general de la ONU en Haití, Helen La Lime, los legisladores exigieron la anulación de la “grave” solicitud de Henry y consideraron “incongruente” que se le otorgue al premier la “autoridad y el derecho” de solicitar una intervención militar a otros países.
Para los parlamentarios, esa acción constituye “el intento de un Gobierno ilegítimo, impopular y cada vez más cuestionado de utilizar fuerzas extranjeras para mantener el poder a toda costa y retrasar así el retorno de Haití al orden constitucional”.
Al menos 70% del territorio haitiano estaría tomado por las bandas delictivas, lo que implica que cualquier intervención internacional tendrá que enfrentar a un poderoso grupo que no solo se ha apoderado de espacios para infundir su ley, sino que tiene suficientes armas para defenderse.
Aunque las elecciones presidenciales, que han sido postergadas tres veces desde el año pasado, aún no tienen fecha fijada, el primer ministro ha pedido afinar la maquinaria electoral para finales de 2022.
Enfrentamiento armado
El asesinato de Moïse fue el parteaguas para una situación que ya estaba deteriorada. Sin embargo, la asunción de Henry ha servido poco para ponerle freno a la crisis y por eso que muchos haitianos exigen su renuncia al poder.
Desde la ONU, en palabras de Guterres, hacen un llamado para que los haitianos “superen sus diferencias y participen, sin más demora, en un diálogo pacífico e inclusivo sobre un camino constructivo a seguir”. Sin embargo, en paralelo, sopesan el despliegue de una “fuerza de acción rápida” que puede ser de pronóstico reservado.
Según el Gobierno haitiano, el objetivo de la intervención sería aplacar la violencia de unas pandillas que, solo entre abril y mayo, mataron por lo menos a 226 personas e hirieron a otras 254. Esas mafias, que ya demostraron su músculo con la toma de terminales petroleras y el control del suministro de combustible, han sido alimentadas por armas que provienen de EE.UU.
En agosto, el agente especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE.UU., Anthony Salisbury, reconoció el “aumento sustancial” del tráfico ilegal de armas desde territorio estadounidense hacia Haití y el “serio incremento” del calibre de ese armamento.
Si se toman como ciertas las estimaciones del presidente dominicano, al menos 70 % del territorio haitiano estaría tomado por las bandas delictivas, lo que implica que cualquier intervención internacional tendrá que enfrentar a un poderoso grupo que no solo se ha apoderado de espacios para infundir su ley, sino que tiene suficientes armas para defenderse.
Muro sí, solidaridad no
La postura de Abinader, que criticó la “ambigüedad” de su homólogo haitiano para solicitar la intervención, no deja de ser igual de confusa. Por un lado, el presidente dominicano asegura que su país brindará apoyo “diplomático” a su vecino, pero por otro redobla su armamento en la frontera y descarta cualquier apoyo humanitario.
“Mayor ayuda humanitaria no se la ha dado ningún país, como nosotros se la hemos dado a Haití, pero yo de ninguna manera aceptaré aquí ningún asentamiento, aun sea por situación humanitaria allá”, aseveró Abinader el domingo.
Sus afirmaciones son tan contundentes como el muro de 164 kilómetros que levanta República Dominicana en la frontera con Haití. De hecho, el pasado fin de semana el mandatario hizo un recorrido para verificar los avances de la primera etapa de la valla, que contempla 54 kilómetros de verja física, 20 torres de vigilancia y 11 puertas, para “controlar” la entrada de migrantes haitianos.
Pero aunque el muro quiera ponerle freno a las personas que huyen de la delicada situación en Haití, para el comercio sí hay puertas abiertas. Según datos de la la Dirección General de Aduanas (DGA), entre enero y agosto de este año, las exportaciones formales desde República Dominicana a su vecino sumaron 769,78 millones de dólares, es decir, un crecimiento de 156,57 millones con respecto al mismo período de 2021.
En otras palabras, el agravamiento de la crisis haitiana no ha significado un perjuicio en términos económicos para Santo Domingo, que en un año incrementó su flujo comercial hacia un país al que destina el 9,07 % de sus exportaciones, el mayor comprador después de EE.UU. (50,18 %) y Suiza (9,16 %), según los datos del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana).
Pero mientras aumentan las voces desde Haití para que no ocurra la intervención, la postura del Gobierno se mantiene con el respaldo de la ONU, los buenos ojos de República Dominicana y la anuencia de EE.UU., que ya ha elevado el nivel de alerta para que sus ciudadanos no viajen a la isla.
