Intimidaciones, amenazas, torturas y 39 muertos desde febrero. Las denuncias contra la Policía de Brasil por violaciones de derechos humanos en una operación que lleva a cabo desde febrero en el litoral de Sao Paulo se multiplican.
El operativo se lanzó en la ciudad de Santos a principios del mes pasado tras la muerte de Samuel Wesley Cosmo, un policía militar que recibió un disparo durante un patrullaje rutinario.
Tras lo ocurrido, el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, prometió que los responsables del ataque serían detenidos y sancionados. En los últimos días, los familiares de las víctimas han denunciado a la prensa intimidaciones por parte de los agentes policiales, que han llegado a presentarse en funerales y entierros para presionar para que no denuncien.
“Hay episodios de policías asistiendo a velorios de víctimas. Hay imágenes de policías dentro del cementerio. Hay denuncias de agentes entrando a casas para romper cosas e intimidar”, comentó al diario Folha de Sao Paulo Dimitri Sales, presidente del Consejo Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Condepe), que se trasladó a la zona junto a una comitiva de organizaciones de derechos humanos.
Irregularidades
En un reciente informe, Condepe y otras asociaciones denunciaron irregularidades en las operaciones policiales y alertaron de que entre las víctimas había dos personas con discapacidad física, una de las cuales se movía únicamente con la ayuda de muletas y la otra tenía un 20 % de visión en un solo ojo.
“En ambos casos, los policías, que no portaban identificación, dijeron haber sido amenazados por las víctimas, aunque los informes médicos demuestran la imposibilidad de tal escenario”, destacaron.
Además, según el portal G1, la Policía Militar y la Secretaría Municipal de Salud de Santos investigarán las denuncias de que empleados del Servicio Móvil de Atención de Emergencias (Samu) trasladaron a hospitales personas que habían muerto a manos de policías.
Los expertos explicaron que cuando un cadáver se retira de la escena del crimen ya es difícil determinar las causas del fallecimiento.
Fraude procesal
El Foro Brasileño de Seguridad Pública consideró que el levantamiento ilegal de un cadáver puede ser calificado de fraude procesal, con una pena de entre tres meses a dos años de prisión.
“La experiencia en la escena del crimen es fundamental para la respuesta, incluso en términos de responsabilizar a quienes lo cometieron. Una violación de la escena del crimen termina perturbando toda la cadena de pruebas”, aseguró Émerson Massera, portavoz de la Policía Militar en Sao Paulo.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública de Sao Paulo, Guilherme Derrite, dijo que no tiene conocimiento de ningún exceso por parte de los agentes en los operativos.
“Es importante dejar claro que ningún organismo penitenciario de la Policía, asuntos internos de la Policía Militar o asuntos internos de la Policía Civil recibió ninguna denuncia, ninguna información, ningún informe oficial, de que hubo abuso de las fuerzas policiales. Si esto sucede, con total transparencia y certeza absoluta, será investigado”, afirmó.
