La República Dominicana se arriesga a ingresar a un callejón sin salida por el tema de las aguas transfronterizas del río Masacre, dada la inefectividad de las medidas radicales de presión adoptadas y la obligación de acudir a un arbitraje internacional de acuerdo al tratado que regula esos conflictos entre los dos Estados.
Pese a la situación de ingobernabilidad, miseria rampante y violencia, los haitianos se han atrincherado detrás de una posición cada vez más popular sobre lo que entienden es su derecho a construir un canal para aprovechar las aguas del río Masacre, que nace y desemboca en territorio dominicano. El caso ha devenido causa en Haití gracias a nosotros.
Autoridades, pueblo común, la élite académica, medios de comunicación, el gobierno de facto y hasta el bandidaje armado han plantado cara a la República Dominicana y hecho caso omiso al cierre de la frontera e interrupción del tráfico aéreo y marítimo con el lado oriental de la frontera. Ya se ha anunciado que varias organizaciones recaudan fondos para apoyar el aprovechamiento de las aguas y, en consecuencia, enfrentar la posición dominicana.
En contradicción con la posición dominicana, el gobierno de facto haitiano apoya una obra que no puede detener, como se le ha exigido.
Antes que disminuir, las diferencias se han enraizado y el gobierno dominicano enfrenta una situación pasible de mutar en un conflicto intrarregional del que, dadas las características de pobreza y alienación de Haití vis-à-vis la comunidad global, difícilmente saldríamos bien parados. La experiencia diplomática dominicana en los últimos años indica que las simpatías internacionales están del lado haitiano.
El gobierno haitiano ha insistido en el diálogo pese a su incapacidad para asumir cualquier decisión que se tome y calificar el cierre de la frontera como “fuerte” y “muy radical”. Mientras se dialoga con autoridades que no gobiernan, las obras concluirían. La aquiescencia de los comerciantes y exportadores dominicanos al cierre de la frontera tiene fecha de caducidad: Haití es nuestro segundo socio comercial.
El problema radica en que, a falta de medidas que sí convenzan a los haitianos, ya no al gobierno sino a todos los sectores involucrados, al lado dominicano se le agota el recetario, salvo jugar al diálogo para satisfacción de la comunidad internacional o derivar el conflicto a un arbitraje, tal como lo consigna el Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929 e invocado en esta crisis por ambas partes.
El profesor Maismy-Mary Fleurant, de la Universidad Pública del Nordeste establecida en Fort Liberté y quien fue asesor de la embajada de Haití en Santo Domingo, ha señalado que “desde la perspectiva del derecho internacional y los tratados bilaterales existentes, Haití tiene todo el derecho a utilizar un recurso hídrico compartido. Solo debe garantizar la equidad y no causar daños al curso de agua”.
Luego señala un argumento que de comprobarse nos llevaría a la derrota en un arbitraje: “La República Dominicana, que protesta por la construcción de la obra en Pittobert, siempre ha gestionado de manera unilateral y abusiva el río Masacre. Hasta la fecha, la parte dominicana ha construido 11 obras, incluidos dos acueductos en Castellar-Loma de Cabrera y Dajabón, dos presas en Cabeza de Caballo y Los Miches, y cinco canales de riego en Juan Calvo, La Aduana, Los Veteranos, El Coco y Don Pedro. Este uso es un claro ejemplo de falta de respeto a los principios generales del derecho internacional fluvial en el uso y la gestión de los ríos transfronterizos”.
Ciertamente la postura asumida por el presidente Abinader tiene un fuerte respaldo que trasciende el vocerío ultranacionalista, no obstante la ausencia de una interpretación convincente del Tratado que regula las aguas transfronterizas y explicaciones de peso sobre el daño del canal. La razón electoral alegada por la oposición está lejos de comprobación, pero la crisis podría convertirse en un bumerán ante la imposibilidad de doblar la voluntad haitiana y la inconveniencia de recurrir a medidas de fuerza. Con el despliegue de armas y tropas en la frontera con un país que carece de ejército y de gobernanza, se ha fomentado un clima levantisco y de respuesta desproporcionada que tampoco ayudan a la posición dominicana.
Son los días que han pasado desde que la República Dominicana cerró totalmente la frontera.
El discurso presidencial antes de partir a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York reiteró garantías y seguridades, lo que es positivo. Sin embargo, omitió una nota con capacidad de resonancia en la ONU: tranquilizar a la población trabajadora haitiana en el país y que ahora emigra por centenares, pese a su importancia para las tareas agrícolas y la construcción.
Las medidas de presión directa están agotadas y el margen de maniobra se estrecha. Podría el gobierno, sin embargo, apresurar un estudio, a cargo de expertos creíbles sobre el ecosistema ambiental, las aguas del Masacre, su cauce y las tierras que irriga para probar las preocupaciones dominicanas y debilitar la posición haitiana. Patrocinado por la Organización de Estados Americanos o una agencia de las Naciones Unidas para romper el impasse, los resultados serían de cumplimiento obligatorio para las partes. Claro, en el interim se detendría la construcción del canal.
Lamentablemente, la diplomacia y la realpolitik fueron aparcadas a destiempo, canjeadas por acciones similares a cañonazos de salva. Ahora no queda más vía que la diplomática. Y ese campo, sobre el que nada pueden las soflamas neonacionalistas, está de antemano minado por lo que su cruce requiere cuidado extremo.
