La Fiscalía del Distrito Nacional depositó ante la oficina coordinadora de los juzgados de instrucción del D.N., la solicitud de medidas de coerción en contra del ciudadano Julio Cesar Llorente López, luego de un incidente con agresión física y verbal, amenazas y huida del lugar del hecho, en el cual resultó lesionado el raso de la Policia Nacional José Anthony Alcántara Rojas al detener a dicho conductor porque presuntamente conducía su vehículo mientras hablaba con el celular en las manos, situación está que se tornó agresiva cuando Julio Cesar Llorente López según el relato, luego de entregarle su licencia de conducir al agente, posteriormente se la arrebato porque según este alegaba el agente le había tirado una foto con su celular a su licencia de conducir, cosa está que no está prohibida en ninguna ley.
Posteriormente según relata la solicitud de medidas de coerción dicho conductor se desmontó de su vehículo de forma violenta y amenazante, empezó a proferirle insultos y palabras impublicables al agente y prosiguió lanzándole un fuerte golpe que le causó una laceración en el brazo izquierdo, actuaciones estas grabadas por otro conductor y por la cámara del agente lo que servirá como evidencia para el proceso por rebelión y posterior acusación.
El raso José Anthony Alcántara Rojas se querelló contra el conductor Julio Cesar Llorente López en el destacamento de la Policia Nacional del Ensanche Naco, así mismo como posteriormente lo hizo la Digesett, luego que el conductor emprendiera la huida y luego de una persecución fue apresado en flagrante delito.
El abogado Amadeo Peralta, sostuvo que el imputado José Anthony Alcántara Rojas se encuentra en una situación que no lo ayuda y es el hecho de que al ser un extranjero y que presuntamente había ingresado al país en el año 2016 de manera ilegal y había sido deportado y volvió y entró al país no se sabe en qué circunstancias, esto motivó que el ministerio público no le viera ningún arraigo para que este pueda presentarse en libertad al proceso por el peligro inminente de que pudiera escapar y evadir la responsabilidad por los hechos cometidos.
Amadeo Peralta, sostuvo que el conductor Julio Cesar Llorente López podría ser condenado hasta seis meses de prisión según lo prevé el Art. 212.del Código Penal, el cual establece que la rebelión cometida por una o dos personas armadas, se castigará con prisión de seis meses a dos años, y con igual pena de seis días a seis meses, si la ejecutaron sin armas.
Sostuvo que otra situación difícil para un extranjero que violente las leyes penales dominicanas es que la ley General de migración No.284-04 y el Reglamento de aplicación decreto 613-11, en su artículo 15, acápites 6, 7 y 9, establecen que; no serán admitidos en el territorio nacional los extranjeros comprendidos en algunos de los siguientes impedimentos: acápite 6. Estar cumpliendo o hallarse procesado por delitos comunes tipificados con carácter criminal en nuestro ordenamiento jurídico. Acápite 7. Tener antecedentes penales, excepto que los mismos no denoten en su autor una peligrosidad tal que haga inadecuada su incorporación a la sociedad dominicana. A tales efectos se valorará la naturaleza de los delitos cometidos, la condena aplicada, su reincidencia y si la pena o acción penal se encuentra extinguida. Acápite 9. Haber sido objeto de deportación o expulsión y no contar con autorización de reingreso y quienes tengan expresamente prohibida la entrada a la República, de acuerdo a órdenes emanadas de las autoridades competentes. (En el 2016 este ciudadano fue deportado por haber entrado ilegal por Haití), entre otros artículos de esta ley.
Art. 42.- Ley General de Migración No.284-04. La Dirección General de Migración procederá a cancelar la permanencia de los extranjeros admitidos en cualquier categoría y subcategoría, si se comprueba que hubiesen obtenido el ingreso o permanencia en el país mediante declaración o presentación de documentos falsos, o si se comprueba, con posterioridad a su ingreso, que estaban comprendidos en algunos de los impedimentos de admisión previsto por esta ley.
Art. 43. Ley General de Migración No.284-04 – La cancelación de permanencia de un extranjero significa la pérdida de su estatus migratorio otorgado y la consiguiente obligación para éste de regularizar su estatus o abandonar el país conforme a esta ley y su reglamento.
Art. 68.- Ley General de Migración No.284-04. Es ilegal la entrada al territorio nacional del extranjero que estuviese incluido en alguna de las siguientes situaciones: A. Hubiere entrado al país por lugar no habilitado a tales efectos evadiendo el control migratorio de entrada. B. Hubiere entrado con documentación falsa o incompleta. C. Hubiere ingresado al país con documentación genuina pero obtenía fraudulentamente.
Art. 69.- Ley General de Migración No.284-04. Al declararse ilegal la entrada al país de un extranjero, de conformidad con las disposiciones de esta ley, la Dirección General de Migración procede a su deportación.
Al conductor del vehiculo imputable por la agrecion el ministerio Publico le imputa violación a los artículos 209, 230 y 309 del Código Penal Dominicano, los cuales disponen que;
Art. 209.- Los actos de rebelión se clasifican, según las circunstancias que los acompañen, crimen o delito de rebelión. Hay rebelión, en el acometimiento, resistencia, violencia o vías de hecho, ejercidas contra los empleados y funcionarios públicos, sus agentes, delegados, o encargados, sean cuales fueren su grado y la clase a que pertenezcan, cuando obren en el ejercicio de sus funciones, y sea cual fuere la función pública que ejerzan.
Art. 230.- Las violencias o vías de hecho, especificadas en el artículo 228, dirigidas contra un curial, un agente de la fuerza pública o un ciudadano encargado de un servicio público, se castigarán con prisión de uno a seis meses, si se ejecutaron cuando desempeñaba su oficio, o si lo fueron en razón de ese desempeño.
Art 309.- El que voluntariamente infiere heridas, diere golpes, cometiere actos de violencia o vías de hecho, si de ellos resultare al agraviado(a) una enfermedad o imposibilidad de dedicarse al trabajo durante más de veinte días, será castigado(a) con la pena de prisión de seis meses o dos años, y multa de quinientos a cinco mil pesos. Podrá además condenársele a la privación de los derechos mencionados en el artículo 42, durante un año a lo menos, y cinco a lo más. Cuando las violencias arriba expresadas hayan producido mutilación, amputación o privación del uso de un miembro, pérdida de la vista, de un ojo, u otras discapacidades, se impondrá al culpable la pena de reclusión. Si las heridas o los golpes inferidos voluntariamente han ocasionado la muerte del agraviado(a), la pena será de reclusión, aun cuando la intención del agresor(a) no haya sido causar la muerte de aquél.
