El Poder Judicial de la República Dominicana obtuvo el Sello Igualando RD para el sector público en la categoría Oro, convirtiéndolo en la primera institución de administración de justicia en obtener la distinción en Centroamérica y el Caribe, con el que se reconocen los esfuerzos hacia la igualdad entre hombres y mujeres.
El Sello fue entregado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de la Mujer, entidades que evaluaron el trabajo realizado por el Poder Judicial, el cual obtuvo la puntuación de 94,26%. El Poder Judicial recibió el Sello junto a otras seis instituciones públicas del país.
Para el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina “Avanzar en materia de igualdad de género es una pieza fundamental para nuestro objetivo de alcanzar una Justicia al Día para garantizar la dignidad de las personas. Por eso, recibir este sello es un motivo de orgullo para todo el personal del Poder Judicial y un estímulo para seguir aplicando iniciativas de igualdad tanto a lo interno de la organización, como en el servicio que damos a los usuarios.”
El Sello, que es una iniciativa global del PNUD, fue recibido por la magistrada Nancy I. Salcedo Fernández, jueza de la Segunda Sala de la SCJ y coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial; y Bionni Zayas, integrante del Consejo del Poder Judicial, quienes encabezaron la comisión que asistió al evento junto al magistrado Juan Aníbal Rodríguez, juez coordinador del Departamento Judicial de Santiago y otros funcionarios del órgano de apoyo.
De su lado, la magistrada Salcedo Fernández afirmó que este poder del Estado asumió la implementación del Sello como una experiencia de aprendizaje, con el compromiso de cumplir con acciones evidentes, transmitiendo al personal el tema de transversalidad de género con miras a cambiar la cultura institucional por una en la que se respete la igualdad.
“Hemos llegado a la meta conscientes de que trabajar en la igualdad de género no tiene fecha de caducidad, pues se trata de mejorar las condiciones de hombres y mujeres que forman la familia judicial, para continuar trabajando en una justicia al día que garantice la dignidad de las personas”, aseguró.
Explicó que muestra de esa realidad es que la ejecución presupuestaria se realiza con perspectiva de género, logrando que el actual reglamento de compras y contrataciones incluyera porcentaje destinado a las empresas lideradas por mujeres; además el Poder Judicial cuenta con la Guía de Comunicación con Perspectiva de Género, el Protocolo de Actuación contra la Violencia, Discriminación y Acoso y se fortalecieron los procesos de participación ciudadana.
Entre las acciones impulsadas por el Poder Judicial para cumplir con la perspectiva de género figuran: talleres de buenas prácticas para incorporar perspectivas de género en decisiones judiciales, la participación a nivel internacional en conferencias, conversatorios de sensibilización sobre el tema de la violencia intrafamiliar y de género; así como la realización de cátedras virtuales, entre otras iniciativas.
Dentro de las fortalezas identificadas en el Poder Judicial por el equipo externo evaluador se encuentran: sostenibilidad en la estructura institucional hacia la igualdad de género, alto compromiso de la Comisión de Género que se ha mantenido en el tiempo, avances en el diseño de un mecanismo de atención a los temas de violencia y esfuerzos para monitorear las brechas salariales de género. Se evidenció que el Plan Estratégico Institucional está alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo con enfoque de género, productos estratégicos de igualdad de género y apoyo en el reporte de indicadores de género en los compromisos internacionales.
El Sello Igualando RD es una iniciativa para la transversalización de género en la estructura organizacional, con el objetivo de acelerar el logro de la igualdad en el Estado, transformando la institucionalidad en sus dimensiones internas y externas. Este programa apunta a desarrollar los Objetivos de Desarrollo Sostenible como parte de la agenda 2030 en la cual también participa el Poder Judicial.
