El gasto público en pensiones alcanzará en 2050 el 17,8% del PIB, 2,5 puntos porcentuales más que la cifra prevista por el Gobierno, mientras que el déficit básico del sistema (antes de transferencias del Estado) sería de 4,4 puntos de PIB en promedio entre 2022 y 2050, situándose en los 6,3 puntos al final del período. Así lo asegura la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en el tercer artículo en el que analiza la reforma de las pensiones del ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Las proyecciones elaboradas por el economista Ángel de la Fuente indican que el exceso del gasto en pensiones forzará a activar la cláusula de salvaguarda del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que contempla la reforma apenas dos años después de que se apruebe la reforma que, supuestamente, iba a garantizar la sostenibilidad del sistema, algo que ya han puesto en duda instituciones como el Banco de España o la AIReF.
Fedea estima que habrá que subir las cotizaciones sociales entre 3 y 4 puntos en cinco años. “El ajuste, sin embargo, dejaría al sistema público de pensiones con un déficit básico todavía muy importante, un 3,2% del PIB en promedio entre 2022 y 2050 y en torno al 5% en 2050”, prosigue el informe.
Ese desembolso del 17,8% del PIB para pagar las pensiones superaría la media de la UE-27 en 5,2 puntos y situaría a España a la cabeza de los países europeos en gasto en pensiones, de forma que estaría 1,6 puntos por delante de Italia, en segunda posición.
El incremento del gasto, que no se vería suficientemente compensado por los ingresos, absorbiendo el 100% de los ingresos netos del Estado por IRPF, el 37% de sus ingresos tributarios netos totales (siempre excluyendo las participaciones de las Administraciones Territoriales) y el 52% de los ingresos tributarios netos del Estado, según Fedea.
Todo por el desajuste entre los cálculos de Escrivá y los de Fedea. El Gobierno prevé que la reforma en su conjunto tendrá un efecto “moderado” sobre el saldo presupuestario del sistema público de pensiones, que se mantendrá ligeramente por debajo de un punto de PIB “incluso en el peor momento del período analizado”. Fedea, en cambio, apunta a un deterioro de más de 3 puntos del déficit básico del sistema en la parte final del período por sus “muy diferentes” estimaciones en lo que se refiere a los efectos presupuestarios de los incentivos a la jubilación demorada y la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos.
“Estos resultados ponen en cuestión la lógica de una reforma que necesitaría correcciones importantes desde el mismo momento de su aprobación, así como el diseño del mecanismo de corrección, con una condición de activación poco transparente y compatible con un déficit básico todavía muy elevado”, indica el último informe de Fedea.
La cláusula de salvaguarda del MEI obliga a subir cotizaciones para evitar que el déficit del sistema se dispare. Esta cláusula se activa si el gasto medio previsto en pensiones públicas supera la suma del 15% del PIB y el exceso de ingresos extra por encima del 1,7% del PIB generado por las medidas de ingreso adoptadas desde 2020.
Si esto se cumpliera, el Gobierno estará obligado a tomar medidas para corregir gradualmente el exceso previsto de gasto. Así, en el plazo de un mes deberá elaborar un listado de posibles medidas correctoras y pedirle a la AIReF que prepare un informe cuantificando su impacto.
