El proceso de venta del edificio “Torre Integral” al Banco de Reservas, y su posterior arrendamiento al Ministerio de Industria y Comercio (MICM), ha llegado a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), donde ha sido depositada una querella por defraudación fiscal por 800 millones de pesos y un soborno por 4.6 millones de dólares contra varios exfuncionarios del pasado gobierno.
Los señalados en la querella son el exministro de Obras Públicas, Manuel de Jesús Pérez Gómez (Freddy Pérez); los exministros de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montás y Nelson Toca; José Manuel Guzmán Ibarra, subadministrador de Negocios Gubernamentales del Banco de Reservas, y los ingenieros Ramón Andújar Ramírez y Publio Silfa Valencia, socios de Freddy Pérez, quienes vendieron el inmueble al Banco de Reservas.
El edificio fue construido por Diseño Integral S.A., empresa disuelta que era propiedad Pérez. El edificio fue comprado por el Banco de Reservas por 31 millones de dólares y arrendado, con opción a compra, al Ministerio de Industria y Comercio.
La queja fue depositada el 13 de febrero pasado y dirigida al magistrado Wilson Camacho, procurador adjunto y Director de la Pepca, por violación a los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Soborno; violación a los artículos 1, 2, 5, 14, 16 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas; los artículos 138, 139 y 146 de la Constitución de la República; los artículos 114, 115 y 116 del Código Penal, y los artículos 291 y 308 del Código Tributario.
La querella fue interpuesta por Ángel Moreta, representado por los abogados José Carela de la Rosa, Okensy Contreras Martes, Domingo Rojas Pereyra y Ramón Bonifacio Espinal.
Los abogados del querellante se reunieron, el 1 de febrero, con el magistrado Wilson Camacho, quien habría manifestado “que donde se haya sustraído un peso del pueblo la Pepca actuará como ha sido su norte”.
Según la denuncia, un soborno se habría pagado a funcionarios y empleados de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de la oficina ubicada en San Carlos, Distrito Nacional, en el año 2017, cuando la empresa Diseño Integral declaró y pagó el impuesto sobre la renta correspondiente ese año. La DGII investiga la existencia de “aparentes hechos relacionados a soborno” por 37 millones de pesos, supuestamente pagados por la empresa a servidores de la DGII, también en 2017, para facilitar la declaración de los impuestos, de acuerdo a la carta enviada por Luis Valdez, director del órgano recaudador, al querellante Ángel Moreta.
En la querella ante la PEPCA, los abogados han solicitado al Director de la DGII que le remita el nombre de los funcionarios de esa institución de la gestión de Magín Díaz que liquidaron los impuestos que generaron la evasión.
También han advertido al Director de la DGII que debe abstenerse de investigar el soborno, al personal de la DGII, que habrían recibido funcionarios y empleados, por ser competencia del Ministro Público, ya que es un delito penal.
La evasión fiscal
La denuncia refiere que los socios de la empresa supuestamente recibieron pagos por concepto de ganancias obtenidas por la venta del edificio y que dichas ganancias no habían sido declaradas correctamente ante la administración tributaria y ese sería el motivo de la defraudación fiscal.
La Resolución de Determinación de Obligación Tributaria GMPC No.2892519 determinó que Diseño Integral S.A. no declaró y pagó el impuesto sobre las retenciones del Impuesto sobre la Renta, correspondientes a los periodos comprendidos desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
La DGII ordenó el pago de 30.1 millones de pesos por concepto de impuestos; más la suma de 73.9 millones de pesos por recargos por mora; también 20.1 millones de pesos por concepto de intereses indemnizatorios, para un total de 124,235,146.68 pesos.
Fue durante la gestión de Temístocles Montás que se firmó un contrato de arrendamiento con opción a compra, del edificio del Ministerio de Industria y Comercio, con el Banco de Reservas por 31 millones de dólares unos 1,464,750,000.00 pesos; sin licitación.
Actualmente, el MICM paga una cuota mensual de alquiler por más de 18 millones de pesos.
