Hay tragedias que dominan titulares, abren noticiarios y movilizan declaraciones urgentes de gobiernos. Hay otras que suceden casi en silencio, lejos de las cámaras, aunque sus víctimas se cuenten por millones.
La crisis que enfrentan las mujeres y niñas en Etiopía pertenece con demasiada frecuencia a esa segunda categoría.
No se trata de una única violencia ni de un problema que pueda resumirse con una cifra. Es la superposición de conflictos armados, desplazamiento, agresiones sexuales, matrimonio infantil, mutilación genital femenina, pobreza y barreras para acceder a servicios sanitarios.
Una mujer desplazada por la guerra puede ser también sobreviviente de una violación, estar embarazada, necesitar atención obstétrica y encontrarse a kilómetros del centro de salud más cercano. Una adolescente puede abandonar la escuela debido al conflicto y, al mismo tiempo, quedar expuesta a un matrimonio forzado. Una niña puede vivir en una región donde la mutilación genital continúa normalizada y donde los servicios capaces de atender sus consecuencias son insuficientes.
Esa acumulación de riesgos es el verdadero rostro de la emergencia.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas estima que durante 2026 unos 2,5 millones de mujeres y niñas necesitan servicios de salud sexual y reproductiva en Etiopía. Entre ellas hay más de 350,000 embarazadas que requieren atención materna esencial. Más de 1,4 millones de personas necesitan, además, servicios para prevenir y responder a la violencia de género.
No estamos ante un asunto secundario dentro de la crisis humanitaria. Estamos ante una emergencia sanitaria y de derechos humanos que afecta de manera desproporcionada a la mitad de la población.
Etiopía no es una sola realidad
Sería injusto, simplista y periodísticamente irresponsable presentar a Etiopía como un país donde todas las mujeres viven de la misma forma.
Etiopía es una nación diversa, con profundas diferencias sociales, culturales, económicas y territoriales. La experiencia de una mujer profesional en Adís Abeba no es la misma que la de una adolescente desplazada en Tigray, una madre rural de Afar o una niña en la región Somali.
El país también ha logrado avances verificables. La tasa de fecundidad descendió de 5,5 hijos por mujer en 2000 a 4 en 2024-2025. La proporción de partos atendidos en establecimientos sanitarios pasó de apenas 5 % en 2000 a 61 %. La atención prenatal por personal calificado llegó al 78 %, frente al 43 % registrado en 2011.
La mutilación genital femenina entre mujeres de 15 a 49 años disminuyó del 80 % en 2000 al 58 % en la encuesta nacional de 2024-2025. El 79 % de las mujeres y el 80 % de los hombres consultados consideraron que la práctica no debe continuar.
Estos avances importan. Demuestran que las transformaciones son posibles. Pero el promedio nacional puede ocultar realidades extremas.
Mientras la prevalencia de mutilación genital femenina es del 17 % en Gambella, alcanza el 94 % en la región Somali. Mientras el 98 % de los partos ocurre en centros sanitarios en Adís Abeba, la proporción desciende al 33 % en Afar y al 34 % en Somali. Etiopía avanza, pero no todas avanzan con ella.
La violencia que ocurre dentro de los hogares
La violencia contra las mujeres no comenzó con la guerra ni desaparecerá automáticamente cuando se silencien las armas.
La Encuesta Demográfica y de Salud de Etiopía 2024-2025 encontró que el 30 % de las mujeres que habían tenido esposo o pareja íntima experimentó violencia física, sexual o emocional por parte de su compañero actual o más reciente.
La violencia física fue la modalidad más reportada, con un 23 %. La violencia emocional afectó al 19 % y la sexual al 8 %. Entre las mujeres divorciadas, separadas o viudas, la prevalencia combinada llegó al 45 %.
Entre las mujeres que alguna vez experimentaron violencia física o sexual, solamente el 27 % buscó ayuda. Un 15 % no pidió ayuda, aunque se lo contó a alguien, y el 58 % permaneció completamente en silencio.
Hay un dato todavía más inquietante: el 55 % de las propias mujeres entrevistadas consideró justificable que un esposo golpeara a su mujer por al menos una de cinco razones planteadas en la encuesta.
Ese resultado no debe utilizarse para culpar a las mujeres. Revela hasta qué punto una sociedad puede enseñar a las víctimas a interpretar la violencia como parte aceptable del matrimonio. Cuando la agresión se presenta como disciplina, el silencio deja de ser una elección libre. Se convierte en una estrategia de supervivencia.
Cuando la guerra entra en el cuerpo de las mujeres
La violencia contra las mujeres y niñas en Etiopía no puede analizarse exclusivamente como un problema doméstico o una práctica cultural. Los conflictos armados convirtieron sus cuerpos en otro campo de batalla.
La guerra iniciada en Tigray en noviembre de 2020 dejó una extensa documentación de violaciones, agresiones grupales, esclavitud sexual, embarazos forzados y tortura sexual. La antigua Comisión Internacional de Expertos atribuyó graves abusos a diferentes actores del conflicto, incluidas fuerzas etíopes y eritreas, milicias regionales y combatientes tigrayanos.
La precisión sobre los responsables es indispensable. Denunciar la violencia sexual no significa adjudicar todos los crímenes a un solo grupo. La rendición de cuentas debe alcanzar a los perpetradores sin importar su uniforme, origen étnico o alineamiento político.
Entre noviembre de 2020 y julio de 2023, más de 10,000 sobrevivientes de violencia sexual acudieron a siete centros integrales de atención en Tigray, según estimaciones consolidadas citadas por la comisión de la ONU.
La cifra no representa necesariamente la magnitud total. No incluye a quienes vivían demasiado lejos, temían represalias, no podían desplazarse, fueron rechazadas por sus comunidades o decidieron callar por el estigma. Cuando se dice que más de 10,000 sobrevivientes buscaron atención, no se está fijando un techo. Se está documentando un mínimo.
La violencia sexual no termina cuando termina el ataque
Una violación durante un conflicto armado no concluye cuando el agresor se retira. Puede acompañar a la sobreviviente durante años o durante el resto de su vida.
Las consecuencias médicas incluyen lesiones genitales, hemorragias, dolor pélvico crónico, fístulas, embarazos no deseados, infertilidad e infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH.
También puede producir depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, insomnio, ataques de pánico, consumo problemático de sustancias y riesgo de suicidio.
A estas consecuencias se suma la violencia social. Algunas sobrevivientes son rechazadas por sus parejas o familias. Otras quedan aisladas de sus comunidades. Las que tuvieron hijos como consecuencia de una violación pueden enfrentar estigmatización adicional, pobreza y dificultades para mantener a esos niños.
La profilaxis posterior a una posible exposición al VIH debe comenzar cuanto antes, idealmente dentro de las primeras 72 horas. Pero ¿qué ocurre cuando el hospital fue destruido, el personal sanitario huyó, las carreteras están bloqueadas o la sobreviviente vive en un campamento de desplazados?
La guerra no solo produce las agresiones. También destruye los servicios capaces de atender sus consecuencias.
La mutilación genital: una práctica que todavía roba cuerpos
Más de la mitad —58 %— de las mujeres etíopes de entre 15 y 49 años ha sido sometida a mutilación genital femenina, según la Encuesta Demográfica y de Salud 2024-2025.
La cifra supone una reducción importante frente al 80 % registrado en 2000, pero sigue representando millones de vidas marcadas por una práctica que no ofrece beneficios para la salud y puede causar daños permanentes.
La mutilación genital femenina comprende procedimientos que lesionan o extirpan, sin indicación médica, partes de los genitales externos. Sus consecuencias pueden incluir dolor intenso, hemorragia, infección, dificultades para orinar, complicaciones menstruales, problemas sexuales, trauma psicológico y mayor riesgo durante el parto.
En Etiopía, el 43 % de las mujeres sometidas a la práctica fue mutilado antes de cumplir cinco años. Una niña pequeña no puede consentir que alteren de manera irreversible su cuerpo.
La enorme variación regional obliga a evitar respuestas uniformes. Las leyes son necesarias, pero no bastan. La eliminación de la práctica exige educación, protección infantil, acceso a salud, autonomía económica y trabajo sostenido con familias, dirigentes comunitarios y autoridades religiosas.
Matrimonio infantil: una infancia convertida en obligación
Una de cada tres mujeres etíopes de entre 20 y 24 años —el 32 %— estaba casada antes de cumplir los 18, de acuerdo con la encuesta nacional.
La edad mediana del primer matrimonio entre las mujeres de 25 a 49 años se sitúa en 18,1 años, una mejoría frente a los 16 años registrados al comienzo del siglo. Pero en Afar y Amhara la edad mediana es de 16,7 años; en Adís Abeba alcanza los 23,4.
El matrimonio infantil puede significar abandono escolar, dependencia económica, embarazo adolescente, aislamiento y mayor exposición a violencia de pareja.
Una niña casada suele tener menos capacidad para decidir cuándo mantener relaciones sexuales, si utilizar anticonceptivos o cuándo buscar atención médica. Su autonomía queda limitada precisamente durante los años en que debería estar construyéndola.
La encuesta encontró que el 10 % de las adolescentes de 15 a 19 años había estado embarazada alguna vez. En Afar, la proporción ascendía al 23 %. Detrás de cada porcentaje hay una vida cuyo futuro puede cambiar antes de que esa niña tenga edad suficiente para comprender las consecuencias.
Tener un derecho no significa poder ejercerlo
Etiopía cuenta con leyes y políticas contra diversas formas de violencia. Sin embargo, un derecho escrito en un código no protege por sí solo a una mujer que vive lejos de un tribunal, no dispone de dinero para transportarse o teme ser expulsada de su comunidad si denuncia.
La encuesta nacional encontró que el 62 % de las mujeres de entre 15 y 49 años enfrenta al menos un problema para acceder a servicios de salud cuando está enferma. Las barreras más frecuentes son conseguir dinero para el tratamiento, señalada por el 53 %, y la distancia hasta el establecimiento sanitario, mencionada por el 40 %.
Entre las mujeres del grupo económico más pobre, el 78 % enfrenta alguna barrera. Entre quienes no recibieron educación formal, la proporción es del 71 %.
Una sobreviviente no necesita solamente que el delito esté prohibido. Necesita un hospital accesible, medicamentos, profesionales capacitados, privacidad, protección, asistencia jurídica y un sistema que no la revictimice. Sin esas condiciones, la promesa de justicia se convierte en una ficción.
La paz que no trae justicia es apenas una pausa
El acuerdo de Pretoria de noviembre de 2022 redujo considerablemente los combates entre el Gobierno federal y las autoridades de Tigray. Pero silenciar los fusiles no equivale a reparar a las víctimas.
Amnistía Internacional informó en su balance sobre 2025 que el proceso de justicia transicional permanecía estancado y que no se habían adoptado medidas suficientes para asegurar justicia por los crímenes de derecho internacional cometidos durante la guerra de Tigray.
La organización señaló además que las mujeres y niñas continuaban expuestas a violencia sexual relacionada con los conflictos y que no se habían logrado avances para garantizar justicia y reparación a las sobrevivientes. En agosto de 2026, Amnistía volvió a advertir sobre el riesgo de nuevas violaciones ante el retorno de la violencia a Tigray.
La impunidad no es solamente una deuda con el pasado. Es una amenaza para el futuro. Cuando los perpetradores comprueban que una violación en grupo, una ejecución o una desaparición pueden quedar sin castigo, el mensaje que reciben es que la violencia puede repetirse.
Una crisis de salud pública, no una nota marginal
Hablar de violencia contra las mujeres como crisis de salud pública no disminuye su dimensión penal o política. La hace más completa.
La violencia incrementa la necesidad de atención de emergencia, salud mental, servicios obstétricos, profilaxis contra infecciones, anticoncepción de emergencia y rehabilitación a largo plazo. También afecta la educación, la productividad económica, la seguridad alimentaria y la salud de los hijos.
Una mujer que queda con dolor crónico o discapacidad puede perder su medio de vida. Una adolescente obligada a abandonar la escuela tendrá menos oportunidades económicas. Una madre con trauma grave y sin tratamiento deberá intentar cuidar de sus hijos mientras ella misma lucha por sobrevivir. Los efectos cruzan generaciones.
Por eso, recortar fondos humanitarios, cerrar clínicas móviles o reducir programas de protección no son simples decisiones presupuestarias. Pueden significar que una mujer dé a luz sin personal calificado o que una sobreviviente no reciba profilaxis contra el VIH.
No basta con reconocer avances
Etiopía ha progresado en salud materna, planificación familiar y reducción de algunas prácticas nocivas. Negarlo sería falso y contraproducente. Pero utilizar esos avances para minimizar la emergencia también sería una forma de violencia.
La disminución nacional de la mutilación genital no consuela a una niña en una región donde casi todas las mujeres adultas fueron sometidas a ella. El aumento de los partos institucionales no resuelve la situación de una embarazada desplazada que no puede llegar a un hospital. La existencia de leyes contra el matrimonio infantil no devuelve los años escolares a una adolescente obligada a casarse.
Los promedios sirven para medir políticas. No deben utilizarse para ocultar víctimas.
La obligación del Gobierno etíope es garantizar protección, atención y justicia sin importar la región, la etnia, la posición económica o la afiliación política. La responsabilidad internacional consiste en apoyar esos servicios, exigir rendición de cuentas y evitar que la atención mundial dependa de la conveniencia geopolítica del momento.
Mientras el mundo mira hacia otro lado
Las mujeres y niñas en Etiopía no necesitan compasión pasajera. Necesitan hospitales funcionales, escuelas seguras, protección, recursos y tribunales capaces de actuar.
Necesitan que una violación sea investigada aunque el responsable pertenezca al ejército, a una milicia, a un grupo insurgente o a una fuerza extranjera. Necesitan que el matrimonio no sea presentado como destino, que la mutilación no sea confundida con identidad cultural y que la pobreza no convierta la atención médica en un privilegio.
¿Cuántas mujeres tienen que ser violadas, cuántas niñas deben ser casadas, cuántas deben ser mutiladas y cuántas sobrevivientes tienen que quedarse sin justicia para que esta emergencia merezca una respuesta proporcional a su gravedad?
Etiopía está avanzando. Pero avanzar no significa dejar de mirar a quienes permanecen atrás.
Una sociedad no puede medir su progreso solamente por las mujeres que alcanzaron derechos. También debe medirlo por las niñas que todavía no pueden ejercerlos. Y la comunidad internacional no puede llamarse defensora de los derechos humanos si solo mira a las víctimas que ocupan sus titulares.
