SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Un tribunal impuso medida de coerción, consistente en presentación periódica, contra un hombre procesado por el Ministerio Público luego de que fuera arrestado el pasado 1 de agosto con un arma de fuego sin documentación y un monitor tras el incendio ocurrido en una tienda de muebles y electrodomésticos de Santo Domingo Este.
Contra Luis Javier Castillo De La Rosa fue impuesta la presentación periódica ante el Ministerio Público por disposición de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este.
El Ministerio Público estableció en la solicitud de medida de coerción que, alrededor de las 2:15 de la tarde del pasado 1 de agosto de 2026, el imputado fue arrestado en flagrante delito en la avenida Marginal, a la altura del Km 13, de la autopista Las Américas, del sector Los Frailes Segundo, del municipio Santo Domingo Este.
Al ser apresado a Castillo De La Rosa se le ocupó una funda negra conteniendo en su interior una escopeta Maverick registro número MV55418N, calibre 12 milímetros, sin ningún tipo de documentos, propiedad de una compañía de seguridad, así como un monitor color negro, marca AOC, de aproximadamente 20 pulgadas. Tras ser cuestionado el imputado dijo que iba pasando por el lugar y que tomó la funda al ver que se le cayó a otra persona, siendo sorprendido por el agente actuante.
El incendio se registró en una sucursal del establecimiento L&R Comercial, localizado en la Marginal de la Autopista Las Américas. Varias personas fueron detenidas con fines de investigación tras registrarse la sustracción de diferentes electrodomésticos en medio del siniestro. Posteriormente, se procedió con el sometimiento a la justicia de Castillo De La Rosa.
Durante las pesquisas las autoridades recuperaron la escopeta y la mayor parte de los artículos sustraídos.
En la audiencia el Ministerio Público presentó diferentes evidencias testimoniales y documentales, incluyendo la copia de la licencia privada para tenencia de arma de fuego de fecha 26 de mayo de 2009, que prueba que la escopeta pertenece a una compañía privada.
El órgano investigador solicitó en este caso la imposición de las medidas de coerción establecidas en los numerales 1, 2 y 3, consistente en garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica para garantizar la presencia del imputado a los demás actos del proceso.
El fiscal Felipe Cuevas Féliz, de la Fiscalía de Santo Domingo Este, otorgó al caso la calificación jurídica provisional de violación a las disposiciones de los artículos 379 y 401 del antiguo Código Penal dominicano, que tipifican y sancionan el robo simple, y los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
