SANTO DOMINGO.– El Frente Cívico y Social puso sobre la mesa una propuesta que promete abrir un amplio debate en el sector turístico dominicano: establecer una Contribución de Retorno Litoral de US$30 por noche y por cada huésped adulto no residente, a cargo de establecimientos turísticos costeros de primera línea.
La iniciativa forma parte de un planteamiento más amplio que reclama al Estado garantizar el libre acceso a las playas, recuperar mediante el debido proceso los accesos que hayan sido obstruidos y reforzar la protección de la franja costera.
La organización sostiene que el desarrollo turístico no debe producir restricciones indebidas al disfrute ciudadano de un patrimonio que pertenece al dominio público.
“Primero se cumple la Constitución: se garantiza el acceso del pueblo, el orden y la autoridad pública. Después, quien monetiza ese patrimonio debe pagar una contraprestación justa a su verdadero propietario: la Nación dominicana”, afirmó el presidente del Frente Cívico y Social, Dr. Isaías Ramos.
El cobro no sería para entrar a la playa
El Frente aclaró que la propuesta no contempla cobrar al ciudadano por acceder a la playa, ni otorgaría derechos de exclusividad a los establecimientos hoteleros.
Caminar por el litoral, bañarse o permanecer en las playas seguiría siendo gratuito, según el planteamiento.
La contribución recaería sobre determinados establecimientos turísticos de primera línea y se calcularía a razón de US$30 diarios por cada huésped adulto no residente.
Los menores quedarían exentos y las pequeñas hospederías estarían sujetas a un régimen proporcional.
Aunque el establecimiento sería jurídicamente el obligado al pago, el Frente reconoce que las condiciones del mercado determinarían qué proporción asumiría directamente el hotel y cuánto podría terminar incorporándose al precio pagado por el huésped.
Libre acceso y franja de 60 metros
La organización también reclama una aplicación más estricta de las normas que protegen el litoral dominicano.
La propuesta contempla delimitar y proteger la franja marítima de 60 metros a partir de la pleamar, así como recuperar los accesos públicos que hayan sido obstruidos, siempre mediante los procedimientos legales correspondientes.
El planteamiento tiene respaldo en la legislación ambiental dominicana. La Ley 64-00 incluye dentro del dominio público marítimo-terrestre la franja de 60 metros desde la pleamar y las playas, mientras el Tribunal Constitucional ha reconocido en distintas decisiones el derecho de acceso a los recursos hídricos y a las playas públicas.
El Ministerio de Medio Ambiente también ha reiterado recientemente la protección jurídica de esa franja costera.
Vigilancia y salvamento durante las 24 horas
El Frente Cívico propone que los recursos obtenidos mediante la contribución sean utilizados prioritariamente para convertir las playas dominicanas en espacios más seguros, limpios y organizados.
El modelo contempla vigilancia, prevención y capacidad de respuesta las 24 horas, ajustadas a la afluencia de visitantes y al nivel de vulnerabilidad ambiental de cada zona.
Según la distribución propuesta, POLITUR tendría responsabilidades de seguridad; equipos de salvavidas asumirían la prevención de ahogamientos y emergencias; los ayuntamientos estarían encargados de limpieza y saneamiento; mientras que el Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) reforzarían la protección de los ecosistemas.
La organización plantea además reglas uniformes para sancionar ruido excesivo, basura, acoso, violencia y daños ambientales, independientemente de que las infracciones sean cometidas por residentes, turistas o establecimientos comerciales.
Turismo recibe cerca de RD$14,692 millones en gasto tributario
El Frente acompañó su propuesta con argumentos económicos sobre los beneficios fiscales y el valor generado alrededor del turismo.
El informe oficial de Estimación del Gasto Tributario 2026 del Ministerio de Hacienda y Economía sitúa en aproximadamente RD$14,691.71 millones el gasto tributario atribuido al sector turismo.
La organización sostiene que ese nivel de incentivos públicos debe formar parte del debate sobre cuánto retorna directamente a la sociedad el aprovechamiento comercial del litoral dominicano.
Según datos citados del Banco Central por el Frente, el gasto promedio diario de los visitantes extranjeros no residentes ronda los US$187.30.
Sobre esa base, la organización propone discutir si una contribución adicional puede financiar servicios y obras directamente relacionados con la conservación y administración de las zonas costeras.
Frente calcula techo de US$1,110 millones, pero admite que no es una proyección
Uno de los datos más llamativos del comunicado es una simulación realizada por el Frente Cívico y Social.
La organización parte de una base estimada de alrededor de 37 millones de pernoctaciones costeras y calcula que, si todas estuvieran sujetas a una tarifa de US$30, el resultado aritmético alcanzaría los US$1,110 millones anuales.
Sin embargo, la entidad advierte que esa cifra no constituye una proyección real de recaudación.
Para obtener una estimación efectiva habría que descontar, entre otros factores, a los menores de edad, pequeñas hospederías, posibles exenciones, evasión, cambios en la duración de las estadías y la eventual reacción de la demanda turística ante el nuevo costo.
El cálculo, por tanto, es presentado únicamente como una referencia de la magnitud potencial del instrumento.
Recursos irían a la Cuenta Única del Tesoro
El esquema planteado establece que el dinero recaudado ingresaría en una subcuenta específica de la Cuenta Única del Tesoro.
Posteriormente, los fondos serían distribuidos tomando en consideración la afluencia de visitantes, los riesgos de cada zona, la vulnerabilidad ambiental y las necesidades verificadas mediante auditorías.
Las prioridades serían seguridad, salvamento, limpieza, saneamiento, educación cívica, vigilancia y restauración ambiental.
El Frente reclama además que todos los ingresos, contratos, inversiones y resultados vinculados al mecanismo sean publicados y sometidos a auditoría.
Convocan al Gobierno, Congreso y ASONAHORES
La propuesta requeriría discusión legislativa y un diseño jurídico, tributario y económico antes de poder convertirse en una obligación efectiva.
Por esa razón, el Frente Cívico y Social convocó al Gobierno, Congreso Nacional, ASONAHORES, ayuntamientos, trabajadores del sector y comunidades costeras a debatir el proyecto sobre la base de cifras verificables.
Entre los puntos que plantea someter a análisis están el monto de US$30, sus posibles efectos sobre la competitividad turística, el impacto sobre los precios, las exenciones, la administración de los recursos y las garantías de transparencia.
La organización insiste en que su objetivo no es restringir la actividad turística, sino elevar el retorno social producido por el aprovechamiento comercial de las costas dominicanas.
“Una pulsera no vale más que la Constitución. Las opiniones se debaten; los actos discriminatorios se sancionan. La playa seguirá siendo gratuita para el pueblo; quienes obtienen beneficios comerciales privilegiados de ella deberán compensar a la Nación”, concluyó Ramos.
