Por: Kinller E. Moquete
El trágico y desgarrador suceso ocurrido en la cañada de Guajimía, en Herrera, donde un joven perdió la vida a manos de agentes de la Policía Nacional tras intentar mediar durante un operativo, no constituye un hecho aislado. Es, lamentablemente, el reflejo de una cultura de violencia institucional que se resiste a desaparecer y que continúa presente en una parte importante de la estructura encargada de garantizar el orden y la seguridad ciudadana.
Es justo reconocer el esfuerzo sostenido que realizan el presidente de la República, Luis Abinader; la vicepresidenta de la República y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, para impulsar la reforma policial. Cada lunes, desde la Mesa de Seguridad Ciudadana, las principales autoridades del país evalúan personalmente los indicadores de criminalidad y dan seguimiento a las acciones implementadas.
No existe duda de que hay voluntad política al más alto nivel. Sin embargo, la realidad que viven diariamente los ciudadanos en las calles y barrios del país evidencia que las estrategias y acciones de la reforma policial requieren una profunda revisión en términos de resultados y efectividad.
Persisten prácticas abusivas, actuaciones prepotentes y frecuentes vulneraciones de derechos fundamentales que contradicen el propósito mismo de la transformación institucional.
El origen del problema
El caso de Guajimía puso nuevamente sobre la mesa una práctica que se ha normalizado peligrosamente: las requisas arbitrarias.
Sin orden judicial, sin indicios razonables de la comisión de un delito y, muchas veces, sin una motivación legal suficiente, ciudadanos son detenidos en la vía pública y obligados a mostrar sus pertenencias, vaciar sus bolsillos o exhibir documentos personales, en procedimientos que afectan su dignidad y generan una profunda sensación de indefensión.
Con demasiada frecuencia, aun cuando la persona coopera y demuestra no haber cometido ninguna infracción, el procedimiento termina escalando hacia un arresto violento o al uso desproporcionado de la fuerza.
Una violencia que golpea a los más vulnerables
Resulta doloroso reconocer que este tipo de violencia institucional rara vez afecta por igual a todos los sectores sociales.
Generalmente recae sobre quienes poseen menos recursos, menos influencia y menores posibilidades de defenderse.
En los barrios más empobrecidos, muchos ciudadanos perciben que la Policía actúa, en ocasiones, más como juez y ejecutor que como garante de la ley, olvidando que toda actuación policial debe estar subordinada al respeto de la Constitución y de la dignidad humana.
La vida constituye el bien jurídico más importante que protege nuestro ordenamiento constitucional. Ningún procedimiento policial puede perder de vista ese principio.
Una reforma que debe llegar a las calles
Si realmente se aspira a transformar la Policía Nacional y no únicamente a modernizar su imagen institucional, la reforma debe reflejarse en el comportamiento cotidiano de cada agente y oficial.
Ello requiere, al menos, tres acciones fundamentales:
1. Un régimen de consecuencias efectivo
La impunidad interna constituye uno de los principales incentivos para la repetición de los abusos.
Todo agente que actúe al margen de la ley debe ser investigado con independencia y, cuando corresponda, sometido a la jurisdicción penal ordinaria, sin privilegios ni encubrimientos.
2. Mayor capacitación jurídica y operativa
Los miembros de la Policía Nacional deben conocer con precisión los límites constitucionales de su autoridad, los protocolos sobre el uso proporcional de la fuerza y el respeto irrestricto al debido proceso.
Una actuación policial ajustada a derecho protege tanto a la ciudadanía como al propio agente.
3. Humanización del servicio policial
La reforma también debe transformar la cultura institucional.
Es imprescindible fortalecer la formación ética, desarrollar competencias de mediación y acercar la Policía a las comunidades mediante un modelo de policía comunitaria basado en el diálogo, la empatía y el respeto mutuo.
El verdadero desafío
La inversión económica destinada a la reforma y los discursos institucionales perderán legitimidad si no producen cambios visibles en las calles.
Mientras subsistan prácticas como las requisas arbitrarias, los abusos de autoridad, las extorsiones y el uso excesivo de la fuerza, continuará ampliándose la brecha de desconfianza entre la ciudadanía y la Policía Nacional.
La tragedia de Guajimía debe convertirse en un punto de inflexión.
El uniforme policial representa autoridad legítima, pero nunca puede convertirse en una licencia para el atropello.
Una reforma auténtica no se mide por la cantidad de recursos invertidos, sino por la confianza que inspira en la población y por la garantía efectiva de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
