La justicia, con sus decisiones, siempre debe combatir la corrupción, en todas sus manifestaciones. Así se construye el Estado Social y Democrático de Derecho que configura el artículo 7 de nuestra Constitución.
Todo juez debe saber que cuando los recursos públicos son desviados para beneficio privado, no solo se afecta el patrimonio colectivo, sino que también se debilita la confianza ciudadana en las instituciones.
Por eso, la justicia está llamada a desempeñar un papel fundamental como garante de la legalidad, la transparencia y la igualdad ante la ley.
La lucha contra la corrupción exige una justicia independiente, eficiente, eficaz, pronta, imparcial y eficiente.
Todos sabemos que cuando la justicia actúa con firmeza y objetividad, envía un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley, independientemente de su posición o poder.
La efectividad de la justicia frente a la corrupción no depende únicamente de la existencia de leyes severas.
También requiere de instituciones sólidas, con un ministerio público capacitado.
La impunidad suele prosperar cuando los procesos se prolongan excesivamente o cuando las investigaciones carecen de los recursos necesarios para reunir pruebas concluyentes.
La transparencia en la administración de justicia resulta indispensable. La sociedad tiene derecho a conocer cómo se desarrollan los procesos judiciales y cuáles son los fundamentos de las decisiones adoptadas.
Una justicia transparente fortalece la credibilidad institucional y contribuye a prevenir sospechas de favoritismo o persecución selectiva. Se debe evitar el lawfare de hoy.
La lucha contra la corrupción debe realizarse siempre respetando las garantías fundamentales. No se puede justificar las violaciones al debido proceso ni buscar condenas anticipadas en los medios de comunicación o con medidas de coerción innecesarias.
La presunción de inocencia, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva a favor de los justiciales son sagrados.
Se ha comprobado que los países que han logrado reducir significativamente los niveles de corrupción son aquellos donde la justicia actúa con independencia y que las sanciones son efectivas y oportunas.
La certeza de que los actos corruptos serán investigados y castigados constituye uno de los mecanismos más eficaces de prevención contra la corrupción.
La principal barrera institucional contra la corrupción es la justicia. Su erradicación no es posible. Pero si la justicia cumple su misión de sancionarla y lo hace con valentía y apego al derecho, esa hidra de siete cabezas encuentra sus límites.
Sin embargo, donde la justicia fracasa, la corrupción y la impunidad se convierten en amenazas para la sociedad, la democracia y el desarrollo nacional.
