El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que Washington asumirá la dirección política de Venezuela hasta que su Gobierno considere que existen condiciones para realizar una “transición segura”, tras los recientes bombardeos y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde Trump aseguró que su administración no permitirá que el Estado venezolano vuelva a ser controlado por las fuerzas bolivarianas. “Ya llegamos y nos quedaremos hasta que se produzca la transición adecuada”, sostuvo el mandatario, acompañado por altos funcionarios de su gabinete, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio.
Trump afirmó que su objetivo es garantizar “paz, libertad y justicia” para el pueblo venezolano, incluyendo a los ciudadanos que actualmente residen en Estados Unidos y desean regresar a su país. En ese contexto, insistió en que Washington no puede arriesgarse a que “alguien más tome el control de Venezuela”, subrayando que su Gobierno asumirá esa responsabilidad de manera directa.
En el ámbito militar, el presidente estadounidense reveló que el Pentágono está preparado para lanzar una “segunda oleada” de bombardeos contra Venezuela si fuese necesario. Aunque calificó la primera fase de la operación como “altamente exitosa”, advirtió que una nueva ofensiva, incluso de mayor magnitud, sigue siendo una opción sobre la mesa.
Trump también anunció que, bajo el control político estadounidense, se permitirá la entrada de grandes compañías petroleras de EE. UU. para explotar los recursos energéticos venezolanos. Según explicó, estas empresas invertirían miles de millones de dólares para reparar y modernizar una infraestructura petrolera que describió como “gravemente deteriorada”, con el objetivo de reactivar la producción y generar ingresos.
Las declaraciones del mandatario han provocado fuertes reacciones internacionales, mientras el Gobierno venezolano denuncia una agresión militar y diversos países advierten sobre el impacto que estas acciones podrían tener en la estabilidad regional y en el orden jurídico internacional.
