Una comisión de la Cámara de Diputados actualmente estudia un proyecto de ley firmado por 13 congresistas en el que se propone que los estudiantes de nacionalidad haitiana que cursen carreras universitarias o técnicas en instituciones dominicanas, con becas o con recursos propios, estén obligados a retornar a Haití para ejercer su profesión, por un período de entre cuatro y siete años.
De acuerdo con el artículo 16 del proyecto, este compromiso deberá formalizarse mediante un documento firmado por el estudiante antes de completar su formación, sin importar que su condición migratoria esté regulada.
El texto establece que los datos de los estudiantes haitianos beneficiarios de becas serán compartidos con las autoridades de Haití y con los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el objetivo de facilitar el cumplimiento de esta obligación.
La pieza dispone que, en caso de que el profesional o técnico haitiano no cumpla con el retorno a su país, se dispondrá su deportación inmediata, así como la prohibición permanente de ingresar al territorio nacional. Además, se iniciará un proceso para exigir el reembolso de los montos correspondientes a las becas otorgadas.
Para “beneficio” de Haití
Según la iniciativa, el objetivo de la ley, en caso de que se apruebe, es garantizar que el conocimiento y la inversión educativa “reviertan en beneficio del pueblo haitiano”, particularmente en áreas técnicas y profesionales donde ese país enfrente alguna carencia.
El proyecto no solo aplicaría a quienes reciben becas otorgadas por el Estado dominicano, sino también a los que estudien con financiamiento de organismos internacionales o incluso con sus propios medios.
El proyecto
El proyecto de ley sobre el pacto de nación de políticas públicas con relación a la crisis de Haití fue depositado por el diputado Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y firmado por otros 12 legisladores de todos los partidos políticos.
Actualmente, la pieza congresual se encuentra bajo el análisis de la comisión permanente de Relaciones Exteriores o Cooperación Internacional, que dirige el diputado Ignacio Aracena.
En sus argumentos, los autores del proyecto alegan que la crisis en Haití “exige” que los poderes públicos tomen todas las medidas necesarias para elevar su seguridad y su defensa, además de incrementar sus niveles de control y alerta para prevenir riesgos.
Además, aducen que el contexto social y político en Haití ha arrastrado riesgos y peligros “que pueden afectar la paz pública y la estabilidad” en la isla y en la región.
Medidas más fuertes
El proyecto de ley de los 13 diputados se enmarca dentro de las políticas migratorias que ha decidido reforzar el presidente Luis Abinader y en las que se incluyen la deportación de embarazadas y parturientas en condición migratoria irregular. Las medidas comenzaron el pasado lunes.
