La pastora Nilka Marrero golpeará la mesa con la mano, alzará la voz y, si es necesario, sacudirá a sus feligreses mientras desempeña el papel de un agente federal.
Muchos de sus feligreses son inmigrantes indocumentados, y ella cree que jugar a roles con ellos puede ayudarlos a prepararse para la amenaza de arresto a medida que las autoridades intensifican las redadas de inmigración a una escala nunca antes vista en Puerto Rico.
“Aparecen y agarran a la gente”, dijo Marrero.
Durante décadas, los inmigrantes indocumentados han vivido en territorio estadounidense sin temor a ser arrestados. Se les permite abrir cuentas bancarias y obtener una licencia de conducir especial. Muchos se han sentido lo suficientemente seguros como para abrir sus propios negocios.
Luego, el 26 de enero, comenzaron los arrestos en gran escala.
Agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos allanaron una conocida comunidad dominicana en un guiño a una nueva política del presidente estadounidense Donald Trump, quien se ha comprometido a deportar a millones de personas que han ingresado ilegalmente a Estados Unidos.
Los arrestos han enojado a los funcionarios puertorriqueños y a los líderes civiles que han creado programas para ayudar a los inmigrantes indocumentados de la isla, muchos de los cuales son de la República Dominicana.
Arrestos y preguntas
Se estima que 55,000 dominicanos viven en Puerto Rico, aunque algunos expertos creen que la cifra podría ser aún mayor. No se sabe con certeza cuántos son indocumentados, aunque unos 20,000 cuentan con la licencia de conducir especial.
Más de 200 personas han sido arrestadas desde el 26 de enero, casi todos hombres. De los arrestados, 149 son dominicanos, según datos proporcionados por ICE a The Associated Press.
Sandra Colón, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en Puerto Rico, indicó que la agencia se está enfocando en quienes tienen antecedentes penales o han recibido una orden judicial firme que les obliga a abandonar el país. Sin embargo, indicó que no tenía disponible de inmediato cuántos de los arrestados tienen antecedentes penales.
Annette Martínez, directora de la ACLU de Puerto Rico, afirmó que se desconoce adónde han llevado a los arrestados ni si han sido deportados. “Nos preocupan los diferentes métodos que utiliza ICE para las detenciones”, afirmó.
Un parque en silencio
En una mañana reciente en la capital de Puerto Rico, los altavoces de una barbería reproducían una clase de inglés mientras una pareja de inmigrantes dominicanos que estudiaban para convertirse en ciudadanos estadounidenses escuchaban atentamente.
El negocio da a un parque donde la comunidad dominicana se reunía desde hacía tiempo. Ahora está prácticamente vacío y en silencio. Atrás quedaron el merengue animado, las charlas animadas y el sonido de las fichas de dominó.
Un migrante indocumentado que pidió ser identificado sólo por su apodo, “el pescador”, porque temía poner en peligro su caso en un tribunal federal, dijo que fue arrestado cerca del parque.
Había entrado ilegalmente a Puerto Rico en 2014 para buscar más ingresos porque su esposa en casa tenía cáncer de mama y él no podía pagar su tratamiento trabajando como pescador en el pueblo costero dominicano de Samaná.
“Necesitaba ganarme la vida”, dijo.
Su esposa falleció, pero el hombre decidió quedarse en Puerto Rico. Su hijo también llegó a la isla. El pescador primero trabajó en la construcción, pero tras caerse de un segundo piso y fracturarse la pelvis, reanudó la pesca una vez recuperado.
Vendió pescado en el parque hasta el 26 de enero. Ese día, estaba sentado en una camioneta mientras su hijo les compraba el almuerzo.
“Tres agentes me sacaron”, recordó.
En ese momento detuvieron a siete personas, entre ellas su hijo.
El hombre dijo que durmieron en el suelo de varias cárceles y que sólo les dieron pan y agua mientras eran trasladados a la ciudad puertorriqueña de Aguadilla, luego a Miami y finalmente a Texas.
Las autoridades enviaron al hombre de regreso a Puerto Rico para un proceso judicial, donde permanece en libertad bajo fianza con un grillete electrónico. Su hijo se encuentra en una cárcel de Miami.
“Estamos destrozados”, dijo con la voz quebrada.
Una oleada de apoyo
Todos los días, Marrero está atenta a las camionetas blancas que pudieran estar circulando cerca de su iglesia.
En el interior, más de una docena de voluntarios doblan ropa donada y preparan comidas gratuitas para inmigrantes indocumentados que tienen demasiado miedo de abandonar sus hogares.
“Están en pánico”, dijo José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos. “Tienen miedo de salir; tienen miedo de llevar a sus hijos a la escuela”.
En febrero, el Departamento de Educación de Puerto Rico señaló que las escuelas con una alta tasa de ausentismo estudiantil dominicano alcanzaban tasas de hasta el 70%. Desde entonces, las autoridades han ordenado a los directores de las escuelas que mantengan las puertas cerradas y no las abran a agentes federales a menos que cuenten con una orden judicial.
El alcalde de San Juan, Miguel Romero, ha dicho que la policía municipal no está trabajando ni ayudando a los agentes federales, y que la ciudad está ofreciendo asistencia legal y otros tipos de asistencia.
Mientras tanto, Julio Roldán Concepción, alcalde de Aguadilla, una ciudad costera del noroeste donde muchos inmigrantes indocumentados llegan en barco, pidió empatía.
“Cualquier migrante indocumentado puede pasar por el ayuntamiento si necesita ayuda”, dijo. “No voy a pedirles papeles para dárselos… Aquí todos somos hermanos”.
Funcionarios del sector salud de Puerto Rico también han ofrecido ayuda a los migrantes indocumentados. Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, anunció que los migrantes indocumentados recibirían atención médica en línea “ante las redadas que han condenado a miles de inmigrantes al confinamiento”.
La gobernadora Jenniffer González, republicana y partidaria de Trump, afirmó inicialmente que la iniciativa del presidente no afectaría a los inmigrantes en Puerto Rico. Desde entonces, ha afirmado que la isla no puede permitirse ignorar las directrices de Trump sobre los arrestos de migrantes, señalando que los fondos federales están en riesgo.
Poco después de los arrestos de enero, la Iglesia Episcopal de Puerto Rico anunció un nuevo programa que ofrece a los migrantes alimentos, además de asistencia legal, psicológica y espiritual. Más de 100 personas han buscado ayuda, según el obispo Rafael Morales Maldonado.
“La Iglesia nunca estará en contra de una ley, pero sí se opondrá a sus efectos”, afirmó.
‘Un regreso honorable y digno’
Los agentes federales inicialmente se centraron en los barrios de San Juan, pero desde entonces se han extendido por toda la isla y hacia lugares de trabajo, dijo Rodríguez.
Un hombre que prefirió no ser identificado porque su caso judicial está pendiente, dijo que fue arrestado el 26 de febrero. Llegó a Puerto Rico por primera vez en 2003, pero fue arrestado al llegar a la costa. Tras ser deportado, lo intentó de nuevo en febrero de 2007. Consiguió un trabajo en la construcción y luego abrió su propia empresa.
“Nunca me había sentido inseguro”, dijo.
Pero una tarde, una mujer en cuya casa trabajaba se quejó de su trabajo. Al día siguiente, agentes federales lo arrestaron a él y a sus empleados en cuanto llegaron al lugar de trabajo. Fue entonces cuando descubrió que la mujer había tomado una foto de su camioneta y lo había denunciado.
“¿Cómo puede la gente querer hacerle tanto daño a alguien?”, dijo.
Su abogado dijo que tiene una cita en la corte el 1 de abril. El hombre dijo que solicitó la residencia estadounidense hace años, pero nunca recibió respuesta. Su esposa es ciudadana estadounidense naturalizada y su hija reside legalmente en Orlando, Florida.
Mientras continúan los arrestos, la pastora Marrero sigue educando a los migrantes indocumentados. Si tienen hijos nacidos en Puerto Rico, les insta a asegurarse de tener los pasaportes y documentos de custodia de sus hijos en regla y a mano.
Ella dice que les pide que repitan las respuestas que deben dar a los agentes dependiendo de lo que se les dice que hagan, y señala que muchos no saben leer ni escribir o lo hacen mal.
“Los hemos preparado para un regreso honorable y digno”, dijo.
