El Ministerio Público de Perú solicitó este viernes 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo por “los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública” en su fallido intento de cerrar el Parlamento el 7 de diciembre de 2022.
Asimismo, pidió por el delito de rebelión 25 años de prisión contra la expresidenta del Gabinete Ministerial Betssy Chávez Chino, los exministros de Comercio e Interior, Roberto Sánchez Palomino y Willy Huerta Olivas, respectivamente, y los oficiales de la Policía Nacional, Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez.
También reclamó por el mismo delito 15 años de cárcel para el exprimer Aníbal Torres Vásquez.
Destitución y aprehensión
El 7 de diciembre de 2022, el Congreso de la República destituyó a Pedro Castillo tras su intento de disolver el órgano legislativo y luego fue detenido por la Policía.
Desde entonces, Castillo cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo, ubicado dentro de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) del distrito de Ate, en la provincia de Lima.
Dina Boluarte, quien era la primera vicepresidenta en el gabinete del profesor rural, tomó el mando y miles de manifestantes salieron a las calles para exigir su renuncia.
Las protestas, que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, dejaron 59 civiles muertos (48 en enfrentamientos y 11 por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo), así como un policía y seis militares fallecidos.
