La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió el Registro de Proveedor del Estado (RPE) a Transcore Latam S.R.L., empresa a la que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) adjudicó un contrato de 1,317 millones de pesos para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
El órgano rector de la compras y contrataciones emitió la última decisión sobre el caso que es el proceso sancionador en la cual se está inhabilitando de manera permanente a la empresa Transcore Latam para poder contratar con el Estado dominicano.
Al ofrecer la información, Carlos Pimentel, director de la DGCP, explicó que esa inhabilitación permanente obedece a las evidencias concretas encontradas, de participar en un proceso con una oferta con documentación falsa o adulterada.
“Eso queda claramente demostrado y lo que corresponde por ser una falta grave es la inhabilitación permanente. Además, se le aplicaría el artículo 14 de la Ley 340-06 que establece que las empresas que participan en un proceso con documentación falsa adulterada o fraudulenta anulan el contrato”, indicó.
Pimentel dijo que con esta decisión la DGCP concluye su proceso de investigación que será puesto completamente en las manos del Ministerio Público, de Pro Competencia, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), pues reveló que se detectaron algunas inconsistencias impositivas de la empresa en el proceso que entendemos que es importante se investiguen.
“En todas las investigaciones que hacemos en la DGCP actuamos hasta los límites de nuestra competencia, pero si vemos que están en los límites de competencia de otra institución, pues los remitimos a esa institución para que proceda”, agregó.
Pimentel expresó que se notificará a la Procuraduría General de la República esta última decisión y se mostró en la disposición de colaborar con el Ministerio Público para cualquier precisión o si entienden que hay indicios de responsabilidad penal en todo lo que fue el caso interno.
Contraloría audita ejecución del contrato
También, la Contraloría General de la República realiza una auditoría a la instalación de los semáforos y cámaras en las intercepciones para determinar el nivel de ejecución del contrato que tanto la empresa como el Intrant afirman registra un 65% en la ejecución del contrato.
