El Consejo Constitucional de Francia rechazó este miércoles una nueva solicitud de someter a referendo ciudadano la reforma de pensiones que, pese al rechazo popular, aprobó el presidente Emmanuel Macron sin escuchar el criterio de la Asamblea Nacional y a espaldas de los trabajadores.
En un comunicado, el Consejo Constitucional valoró que el nuevo proyecto de ley “no se refiere a una reforma relativa a la política social de la nación, en el sentido del artículo 11 de la Constitución (que define el alcance del referéndum)”, cuestión que, a juicio del ente, sí podría justificar su convocatoria.
El proyecto de someter la reforma a referendo (Referendo de Iniciativa Compartida, RIP) y darle voz a la ciudadanía fue promovido por 253 legisladores, en su mayoría de izquierda (La Francia Insumisa, socialistas, ecologistas y comunistas).
Tras conocer el resultado de las deliberaciones del Consejo, el parlamentario Louis Boyard (La Francia Insumisa) aseveró que “el Consejo Constitucional impide que el pueblo vote. La reforma de las pensiones es una humillación para Francia y la democracia”.
Mientras tanto, el Partido Socialista manifestó en un comunicado: “Creemos que devolverle la palabra al pueblo fue una de las soluciones para que nuestro país saliera de la crisis social”.
El 14 de abril pasado el Consejo Constitucional negó una primera solicitud de consulta y dio luz verde al grueso de la polémica reforma jubilatoria, que Macron promulgó al día siguiente.
Con respecto a la primera solicitud de referendo, en la más reciente los legisladores agregaron como novedad la creación de un nuevo impuesto para financiar las pensiones, cuestión utilizada por el presidente francés para impulsar la normativa, pese a que en los debates sobre el texto se le propuso gravar las fortunas más ricas como vía para incrementar los ingresos.
Para el 6 de junio próximo está convocada otra jornada de movilizaciones contra la reforma jubilatoria, organizada por la plataforma Intersindical que articula la protesta, en la que se integran los seis principales gremios franceses.
La reforma jubilatoria impulsada por Macron retrasa la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años e incrementa los requisitos para aspirar a recibir una pensión completa, cuestiones que concitaron un amplio rechazo popular. Se prevé que entre en vigor en septiembre próximo.
