El Gobierno de Venezuela ha lanzado fuertes acusaciones contra Estados Unidos, calificando como un acto de “piratería” la reciente incautación del avión presidencial que utilizaba Nicolás Maduro. El avión, un Dassault Falcon 900EX, fue confiscado por las autoridades estadounidenses mientras se encontraba en la República Dominicana, según confirmó el Departamento de Justicia de EE.UU.
En un comunicado emitido por el canciller venezolano, Yván Gil, Caracas denunció ante la comunidad internacional que esta acción representa una “práctica criminal reincidente” por parte de Washington, que, según el gobierno venezolano, utiliza medidas coercitivas unilaterales e ilegales para imponer su voluntad alrededor del mundo.
“Esta acción revela que ningún Estado y ningún gobierno constitucional está a salvo de acciones ilegales que desconocen el derecho internacional”, expresó el comunicado oficial. Además, el Gobierno de Venezuela acusa a EE.UU. de utilizar su poder económico y militar para presionar a otros Estados, como República Dominicana, para colaborar en lo que Caracas considera “actos delincuenciales”.
Una escalada de tensiones
Caracas sostiene que la confiscación del avión presidencial no es un hecho aislado, sino parte de una “escalada de acciones” contra el Gobierno de Maduro, especialmente después de su reelección en los comicios presidenciales del pasado 28 de julio. En respuesta a estas acciones, Venezuela ha reiterado su compromiso de defender su dignidad y soberanía frente a cualquier agresión externa.
La Cancillería venezolana subrayó que, “fiel a su tradición antiimperialista y anticolonialista”, no cederá ante las presiones internacionales. Venezuela también se reserva el derecho de tomar medidas legales para reparar el daño infligido por lo que considera una “política criminal de medidas coercitivas unilaterales” por parte de EE.UU.
Contexto de la confiscación
La aeronave confiscada había permanecido en la República Dominicana durante varios meses antes de ser trasladada al Distrito Sur de Florida, EE.UU. Las autoridades estadounidenses justifican la incautación alegando que la adquisición del avión violaba las sanciones impuestas por EE.UU. contra el Gobierno de Venezuela.
Esta no es la primera vez que Venezuela enfrenta la confiscación de sus activos. En junio de 2022, un Boeing 747-300 de la Empresa de Transporte de Aerocargo del Sur (Emtrasur), filial de la estatal Conviasa, fue retenido en Argentina y entregado posteriormente a EE.UU., una acción que Caracas calificó de “robo descarado”.
Reacciones y medidas futuras
El presidente Nicolás Maduro y su gobierno han condenado enérgicamente la acción de EE.UU. y han prometido tomar todas las medidas necesarias para defender su soberanía. La comunidad internacional observa de cerca cómo se desarrollan los acontecimientos, mientras que Venezuela busca apoyo para enfrentar lo que considera una serie de ataques a su soberanía.
