Por Mario Antonio Lara Valdez
La Plaza de la Salud está rechazando a ciudadanos afiliados al SeNaSa en su régimen subsidiado, olvidando que todo procedimiento registrado —desde el ingreso por emergencia hasta la solicitud de una cita médica— cuenta con el respaldo presupuestario de esta aseguradora estatal del sector salud. La Plaza de la Salud, además, ocupa una posición estratégica para los residentes del Distrito Nacional y para ciudadanos provenientes de distintas provincias que acuden en busca de atención especializada.
Es evidente cómo muchos dominicanos pierden esperanza, espacios y derechos garantizados por la Constitución, en este caso el derecho fundamental a la salud. La memoria histórica no puede ser borrada: desde su construcción, la Plaza de la Salud ha recibido importantes aportes económicos del Estado dominicano, así como de otros sectores, información que puede ser fácilmente verificada tanto en registros públicos como en la memoria colectiva del país.
Más importante que justificar la exclusión bajo el argumento de un modelo de gestión, es recordar que ningún esquema administrativo puede colocarse por encima de los derechos constitucionales. El régimen subsidiado de SeNaSa cuenta con respaldo económico garantizado por el Estado dominicano, incluyendo asignaciones extraordinarias desde la Presidencia de la República en caso de agotamiento presupuestario, precisamente para evitar que los prestadores de servicios de salud limiten la atención a los sectores más vulnerables.
En mi condición de Secretario General del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP), filial Distrito Nacional, y como vocal directivo de la Sociedad Dominicana de Medios Digitales (Sodomedi), solicito formalmente que los afiliados del SeNaSa subsidiado tengan acceso pleno a los servicios de salud ofrecidos por la Plaza de la Salud, sin discriminación ni exclusión.
La estabilidad social, económica y política de la República Dominicana ha sido uno de sus principales activos en la región de Centroamérica y el Caribe. Para preservar esa estabilidad, es imprescindible aplicar políticas públicas coherentes y mantener una revisión constante del sistema de salud, evitando decisiones que generen exclusión y malestar social.
Es posible que este rechazo no responda a un propósito deliberado de exclusión social y que se enmarque en una visión de gestión estratégica del sector salud. Sin embargo, ha llegado el momento de revisar el modelo vigente, cerrar los espacios de negación de derechos y evitar la exclusión de segmentos poblacionales que merecen ser atendidos tanto en la Plaza de la Salud como, ¿por qué no?, en otros centros de alta complejidad como Cedimat.
Datos presentados por el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) indican que la institución ha pasado de 5.8 a 7.3 millones de afiliados. De este total, una parte significativa pertenece al régimen subsidiado. Cada ciudadano afiliado tiene asignado un costo promedio anual en servicios de salud, además de aportes económicos extraordinarios destinados a cubrir necesidades inmediatas de la población vulnerable, garantizando así mayor seguridad financiera a los prestadores y devolviendo a la población, en servicios, los impuestos recaudados.
Sin entrar en señalamientos sobre casos de corrupción vinculados al sector público o empresarial —asuntos que se encuentran en el ámbito judicial—, es necesario enfrentar este tipo de situaciones con responsabilidad y realizar cambios reales. La población necesita percibir que los impuestos que paga retornan en servicios públicos eficientes, especialmente en hospitales y centros de salud que reciben aportes económicos del Estado dominicano.
