LONDRES.– El Gobierno del Reino Unido salió este martes en respaldo de las empresas que desarrollan o prestan servicios a actividades económicas en las islas Malvinas/Falkland, en respuesta directa a la ofensiva administrativa y judicial emprendida por el Gobierno de Javier Milei contra compañías vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el archipiélago en disputa.
El Ejecutivo británico publicó el 15 de septiembre una nueva guía dirigida a compañías y particulares en la que reafirma que respaldará lo que considera actividades económicas legítimas en las islas, incluida la explotación de hidrocarburos.
Londres sostiene además que Argentina no tiene jurisdicción sobre las islas ni puede aplicar allí su legislación interna, posición que Buenos Aires rechaza al considerar el archipiélago y sus espacios marítimos parte del territorio argentino.
Londres ofrece apoyo directo a empresas
La guía representa una respuesta más concreta a las últimas medidas anunciadas por Argentina.
El Gobierno británico informó que, cuando una empresa, subsidiaria o proveedor sea objeto de presión en un tercer país por mantener negocios relacionados con las islas, está dispuesto a intervenir directamente para explicar y respaldar la posición jurídica británica.
También sostiene que no identifica una base jurídica para que tribunales situados fuera de Argentina ejecuten las medidas adoptadas por Buenos Aires contra esas compañías.
Ese argumento constituye la posición oficial del Reino Unido y no una resolución internacional que haya resuelto definitivamente la disputa de soberanía.
Argentina ya abrió procedimientos contra 60 personas y empresas
La reacción británica llega después de que el Gobierno de Milei intensificara las medidas contra personas y compañías relacionadas con la actividad petrolera en torno a Malvinas.
El 4 de septiembre, Argentina anunció procedimientos sancionatorios contra 45 personas físicas y jurídicas por presuntas violaciones de la Ley 26.659, que prohíbe actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en áreas que Buenos Aires considera parte de su plataforma continental sin autorización argentina.
Cuatro días después, el Ejecutivo sumó otros 15 sujetos, elevando a 60 el número anunciado dentro de esa ronda de procedimientos.
Argentina también presentó una denuncia penal contra Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas, compañías que el Gobierno vincula con actividades hidrocarburíferas que considera ilegales.
Además, anunció nuevas denuncias contra directores, gerentes, administradores y otros responsables empresariales involucrados en decisiones relacionadas con esos proyectos.
Sea Lion está en el centro del conflicto
Buena parte de la nueva tensión gira alrededor de Sea Lion, un importante proyecto petrolero situado en la cuenca al norte de las islas.
El proyecto es operado por Navitas Petroleum, que posee una participación del 65 %, junto con Rockhopper Exploration.
Las compañías tomaron la decisión final de inversión en diciembre de 2025 y el proyecto se encuentra actualmente en fase de desarrollo, por lo que todavía no está produciendo petróleo comercialmente. Navitas proyecta el primer crudo para marzo de 2028.
La primera fase contempla 11 pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga.
Rockhopper calculó en junio que el inicio de la producción se mantiene previsto para el primer trimestre de 2028.
Por tanto, la disputa actual no gira todavía en torno a una producción petrolera en marcha, sino a las inversiones, contratos, licencias y trabajos destinados a poner Sea Lion en funcionamiento.
Dos posiciones jurídicas completamente enfrentadas
Argentina y Reino Unido interpretan de manera opuesta la legalidad de esas actividades.
Para Buenos Aires, las licencias británicas carecen de legitimidad porque fueron concedidas sobre un territorio y espacios marítimos cuya soberanía Argentina reclama. El Gobierno de Milei sostiene que cualquier empresa que participe sin autorización argentina puede quedar alcanzada por su legislación.
Londres sostiene lo contrario.
La nueva guía británica afirma que el Gobierno de las islas es responsable de regular la actividad económica y que la explotación de recursos naturales, incluidos hidrocarburos, forma parte del derecho de los habitantes a administrar su economía.
Reino Unido administra las islas como un Territorio Británico de Ultramar y sostiene que no discutirá la soberanía salvo que los habitantes del archipiélago así lo deseen.
Argentina rechaza ese enfoque y reclama negociaciones bilaterales sobre soberanía.
¿Qué dice Naciones Unidas?
La posición de Naciones Unidas requiere una precisión importante.
La ONU no considera resuelta la cuestión de soberanía a favor de Reino Unido ni de Argentina.
El Comité Especial de Descolonización mantiene las Falkland Islands (Malvinas) dentro de su agenda y reconoce expresamente que existe una disputa de soberanía entre los gobiernos de Argentina y Reino Unido.
En junio de 2026, el comité volvió a tratar la cuestión y reiteró los llamados históricos para que ambos gobiernos busquen una solución pacífica y negociada.
Este marco difiere de la postura británica, que coloca en el centro el principio de autodeterminación de los isleños, y de la argentina, que sostiene que la cuestión debe resolverse mediante negociaciones bilaterales sobre integridad territorial.
Reino Unido endurece su respuesta económica
La importancia de la guía publicada este martes radica en que Londres pasa de reafirmar políticamente su posición a ofrecer respaldo explícito a empresas y proveedores que puedan ser afectados por la estrategia sancionatoria argentina.
Reuters informó que la medida busca tranquilizar al sector privado después de las amenazas de nuevas sanciones de Milei y de la aceleración de las acciones argentinas contra compañías relacionadas con la explotación petrolera.
La guía británica deja abierta incluso la posibilidad de que el Gobierno intervenga ante compañías que enfrenten dificultades comerciales en terceros países como consecuencia de sus operaciones vinculadas con las islas.
La disputa entra en una nueva fase económica
Las últimas decisiones muestran una transformación del conflicto.
La histórica controversia diplomática sobre la soberanía comienza a trasladarse de manera más directa hacia empresas, inversiones, contratos internacionales y cadenas de suministro del sector petrolero.
Argentina busca elevar el costo de participar en proyectos como Sea Lion mediante sanciones, acciones judiciales y posibles restricciones para compañías interesadas en hacer negocios dentro de su territorio.
Reino Unido intenta contrarrestar esa presión ofreciendo respaldo político y jurídico a las empresas y reafirmando que las leyes argentinas no tienen efecto sobre las actividades que Londres considera legítimas.
Con Sea Lion encaminado hacia una producción proyectada para 2028, el petróleo se convierte así en uno de los principales puntos de fricción dentro de una disputa de soberanía que permanece sin resolver.
