Como resultado de más de seis meses de trabajo de una mesa técnica conjunta entre el Ministerio Público y la Dirección General de Migración (DGM), las dos instituciones auditaron datos acumulados desde 1990 hasta identificar miles de registros que limitaban el derecho al libre tránsito de ciudadanos sin ningún respaldo legal.
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, solicitó formalmente al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, priorizar el levantamiento de tres categorías de registros: los individualizados sin base legal, los históricos no individualizados acumulados entre 1990 y 2026, y los individualizados cuyos fines ya habían sido cumplidos.
Una depuración de tres décadas de datos
El análisis técnico reveló que, a lo largo de los años, miles de personas acumularon registros migratorios que impedían su salida del país, bien por procesos judiciales ya concluidos o por errores administrativos generados sin orden judicial de autoridad competente. La revisión abarcó datos de más de 36 años.
Según el último informe del proceso, la DGM liberó de estas restricciones a 56,140 ciudadanos, quienes recuperaron su derecho a viajar al exterior sin contratiempos. La PGR calificó la medida como «un triunfo para los derechos fundamentales y una victoria para la Constitución».
Base constitucional y legal de la medida
La Procuraduría fundamentó la iniciativa en el artículo 169 de la Constitución, que define el rol del Ministerio Público como garante de los derechos ciudadanos, así como en los artículos 40 y 46, que protegen la libertad personal y el libre tránsito. La acción también se sustenta en la Ley núm. 200 sobre Impedimentos de Salida y en la Ley Orgánica del Ministerio Público.
La PGR indicó que la medida corrige «una distorsión histórica» que se fue acumulando con los años y que afectaba derechos fundamentales de la ciudadanía, sin que existiera un mecanismo de actualización de oficio.
Próximos pasos: nuevo sistema de interoperabilidad
La mesa técnica interinstitucional continuará trabajando hasta completar la depuración total de la base de datos. Adicionalmente, ambas instituciones prevén implementar un nuevo sistema de interoperabilidad para la colocación y el levantamiento de impedimentos de salida, cuya entrada en vigencia está programada para diciembre de 2026.
La PGR describió el proceso como parte de un esfuerzo más amplio de modernización del Estado, orientado a garantizar que las restricciones a la movilidad de los ciudadanos cuenten siempre con respaldo judicial válido.
