Por Arismendi Díaz Santana
Seguridad Social para todos
La salud y la sobrevivencia son prioridades existenciales, ajenas a prejuicios ideológicos sobre lo público o lo privado. Aun las familias más pobres hacen todo lo posible para recuperar la salud y evitar la muerte prematura, priorizando la capacidad resolutiva, el tiempo de espera, la atención oportuna y el trato personalizado.
De acuerdo con estadísticas de la SISALRIL, más del 75 % de la población demanda servicios privados de salud, a pesar de su costo y del gasto de bolsillo. Se trata de una verdad incómoda que muchos dan por sentada, recurriendo a explicaciones superficiales para ocultar las causas verdaderas y sus implicaciones para los sectores más necesitados.
¿Por qué existe una diferencia tan notable entre los servicios médicos privados y los públicos, si en la gran mayoría de los casos son prestados por los mismos profesionales? ¿Cómo explicar que esos mismos médicos sean percibidos como displicentes en los hospitales públicos y diligentes en las clínicas privadas? ¿Qué factores determinan la percepción popular que asocia a los hospitales con problemas y a las clínicas privadas con soluciones, aunque esa polarización no siempre sea absoluta?
La explicación más común sostiene que los presupuestos de salud pública son insuficientes. Según esa visión, los recursos limitados explican las carencias de medicamentos e insumos, la falta de mantenimiento y el deterioro de la infraestructura. De ahí surge la idea de que la solución mágica consiste en aumentar el presupuesto destinado a la salud pública.
Pero la pregunta de fondo es otra: ¿la diferencia en la calidad de la atención se debe solo a que las clínicas privadas cuentan con más recursos que los hospitales públicos?
Para aproximarnos a la respuesta, hay que analizar cómo se asignan los recursos y cuál es su impacto en la conducta del médico. En el hospital, el paciente no elige al médico ni influye en su ingreso. El médico tiene asegurado de antemano un salario fijo, independientemente de su dedicación, desempeño, cantidad de pacientes atendidos, calidad del servicio u oportunidad de la atención.
El resultado suele traducirse en cupos limitados, ausentismo, paros y huelgas que afectan directamente a los pacientes.
En cambio, en su consultorio privado, el paciente tiene mayor poder porque, al seleccionar al médico, también incide en su nivel de ingreso. Ese mismo profesional puede acudir hasta los sábados, atender a todos los pacientes y ofrecer un trato más considerado para convertirlos en usuarios permanentes. La libre elección y la modalidad de contratación marcan una diferencia importante en la práctica privada.
Algo similar ocurre con la capacidad resolutiva del hospital y de la clínica. El presupuesto del hospital es fijo y se recibe sin importar el volumen de pacientes atendidos, la capacidad resolutiva de los equipos y laboratorios, o las condiciones de la planta física. Los paros y las huelgas no afectan el presupuesto previamente asignado, aunque sí golpean a los usuarios.
La clínica, en cambio, está obligada a garantizar el funcionamiento de sus equipos y mantener una planta física adecuada, porque, de lo contrario, los pacientes no regresan, los ingresos caen y la institución entra en riesgo financiero. Esto evidencia que la modalidad de asignación de los recursos constituye uno de los principales determinantes de la calidad y oportunidad de los servicios.
A estas diferencias se suma un fuerte conflicto de interés que inclina la balanza hacia lo privado. Dado que el especialista no recibe ningún incentivo ni ingreso adicional por los pacientes atendidos en el hospital, mientras más ineficiente sea el servicio público, mayor puede ser su clientela y su ingreso privado.
La polémica entre lo público y lo privado resulta estéril si no responde a las urgencias concretas de la gente. En términos generales, la atención privada no es necesariamente óptima, ni mucho menos perfecta; simplemente suele ser más oportuna, confiable y personalizada que la pública.
El reto fundamental consiste en determinar cómo asignar los recursos disponibles para asegurar que realmente se traduzcan en servicios tangibles, oportunos y de calidad a favor de los pacientes.
En definitiva, la falta de recursos es solo un síntoma de una verdad más incómoda y profunda. Es cierto que los recursos públicos son limitados, pero también lo es que su asignación responde muchas veces a políticas clientelistas y a presiones de minorías que reducen al Colegio Médico a una lógica sindical capaz de paralizar servicios vitales derivados de un derecho constitucional.
La discusión no debe centrarse en una defensa ideológica de lo público o de lo privado, sino en garantizar que cada peso invertido en salud se traduzca en atención efectiva para el paciente. Ese debe ser el verdadero punto de partida de cualquier reforma seria del sistema dominicano de seguridad social.
Continuará.
