Este jueves, el gobierno de Perú anunció la declaración de un estado de emergencia por 60 días en varios distritos de la capital, Lima, en respuesta a un paro de transportistas que exigía medidas más contundentes contra la creciente extorsión. Durante una conferencia de prensa, Gustavo Adrianzén, titular del Consejo de Ministros, informó que se presentará al Congreso un proyecto de ley para clasificar la extorsión como terrorismo urbano.
Entre los distritos afectados por esta medida están Ate, Villa El Salvador, Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, San Martín de Porres, Los Olivos y San Juan de Lurigancho, entre otros. A partir de ahora, estos distritos serán patrullados por policías y militares para reforzar la seguridad en las calles.
Aunque aún no se ha especificado cuáles derechos quedarán restringidos bajo el estado de emergencia, Adrianzén comentó que los detalles se publicarán en el diario oficial El Peruano en los próximos días. Asimismo, no descartó la posibilidad de extender la medida a otras localidades en caso de que la situación lo requiera.
“Estas medidas van a tener un impacto significativo en el problema que enfrentamos”, aseguró Adrianzén, refiriéndose a la lucha contra la extorsión, que ha sido un tema prioritario en la agenda del gobierno de Dina Boluarte. A pesar de que este no es el primer estado de emergencia decretado en Lima durante su gestión, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, señaló que esta vez la acción del gobierno se diferencia por ser una respuesta integral que involucra a todas las instituciones del Estado.
Astudillo llamó a la unidad nacional, señalando que “el Estado peruano involucra a las instituciones políticas, a los diferentes poderes del Estado, a la sociedad civil y a los medios de comunicación”.
El paro de transportistas, que es el tercero en lo que va del año, refleja la creciente preocupación por la inseguridad en el país. Además de exigir mayor acción contra la extorsión, los transportistas también se han quejado del aumento del sicariato, un fenómeno vinculado al crimen organizado. De acuerdo con cifras de la prensa local, en 2024 se han registrado más de 12.730 casos de extorsión en Perú.
Grupos políticos, particularmente el fujimorismo, han apoyado las demandas de los transportistas, pidiendo “mano dura” contra la extorsión y otras formas de criminalidad.
