El expresidente de Perú, Pedro Castillo, se enfrentará a juicio por cargos de rebelión y otros delitos relacionados con su intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria decidió este lunes que las solicitudes de archivo presentadas por los acusados no proceden, permitiendo que el caso avance a la etapa de juicio oral.
El juez Juan Carlos Checkley Soria consideró que los argumentos de la defensa de Castillo y de los otros imputados deben ser evaluados en el juicio, ya que no es posible cerrar el caso en esta etapa preliminar.
Solicitudes de la Fiscalía
La Fiscalía de la Nación ha solicitado una condena de 34 años de prisión contra Pedro Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación grave de la tranquilidad pública. También pide 25 años de cárcel para Betssy Chávez y 15 años para Aníbal Torres, quienes fueron los últimos ministros bajo el mandato de Castillo.
El caso de Pedro Castillo
El exmandatario, que gobernó Perú entre 2021 y 2022, fue arrestado tras su fallido intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022. El Congreso respondió de inmediato destituyéndolo del cargo, y su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió como presidenta.
Castillo ha mantenido su inocencia desde entonces, argumentando que no cometió un golpe de Estado y que no intentó fugarse del país. A pesar de esto, el Poder Judicial ordenó una prisión preventiva de 18 meses, que fue extendida en julio de 2023 por otros 18 meses debido al riesgo de fuga.
Repercusiones políticas
El juicio a Pedro Castillo ha generado divisiones en el país, con sectores que apoyan al exmandatario y otros que celebran su procesamiento judicial. Mientras tanto, países como Colombia han ofrecido asilo político tanto a Castillo como a Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, también acusado en su país.
El proceso judicial promete ser largo y tenso, con importantes consecuencias para la política peruana y la estabilidad de la región.
