Santo Domingo. — El ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo recibió la visita del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, donde acordaron trabajar conjuntamente para impulsar una estrategia de inclusión que permita dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad al momento de solicitar un servicio en las instituciones públicas.
La iniciativa, busca que el Ministerio de Administración Pública (MAP), a través del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), capacite a los servidores del Estado, para garantizar el acceso a la información y los servicios de las personas con discapacidades.
El proyecto, liderado por el Defensor del Pueblo, incluye en una primera etapa un programa formativo dirigido a empleados de las áreas de recepción y atención al ciudadano, para que estos puedan conocer los conceptos básicos para comunicarse a través de lengua de señas, al igual que adquirir las herramientas para brindar el trato adecuado al segmento poblacional que enfrenta barreras físicas, intelectuales, mentales y sensoriales, contribuyendo así con la política de inclusión en sus instituciones.
“Estamos comprometidos y dispuestos a continuar impulsando políticas inclusivas en toda la administración pública, para que se les sean reconocidos sus derechos a quienes conviven con alguna discapacidad y tengan mejor acceso a los servicios públicos”, expresó Castillo Lugo.
De igual forma, durante el encuentro se planteó la posibilidad de implementar un sello de discapacidad que evidencie el compromiso de las instituciones públicas con la población que vive en situación de discapacidad, al igual que incluir en el SISMAP- Gestión Pública indicadores de medición que permitan evaluar el cumplimiento de los organismos del Estado en ese sentido.
Conversaron, además, sobre la inclusión laboral conforme a lo establecido en la Ley Orgánica sobre Igualdad de Derecho de las Personas con Discapacidad No. 05-13, en su Artículo 14.
La reunión contó con la presencia de los viceministros del MAP, Gregorio Montero, José Pimentel y Fanny Bello, mientras que, por parte del Defensor del Pueblo participó Roberto Quiroz, primer suplente del Defensor del Pueblo; Miguel Tapia, abogado y Ángelo de la Rosa, director de planificación y desarrollo.
