Por: Dr. Arismendi Díaz Santana
Reconozcamos que tenemos un Estado triplemente ineficaz: 1) para brindar servicios oportunos y de calidad en los hospitales; 2) para hacer cumplir la Constitución y las leyes; y 3) para contratar millones de servicios médicos con tarifas y honorarios aceptables.
Esta semana, nuevamente, más de ocho millones de dominicanos han sido privados del acceso regular a los servicios públicos de salud por el Colegio Médico Dominicano (CMD), con el pretexto del apresamiento de un médico y su ayudante en la ciudad de La Vega.
La pregunta del millón es: ¿existe una proporción razonable entre la prisión de un médico, legal o no, y la suspensión, a nivel nacional, de los servicios médicos públicos? ¿Utilizó el CMD los recursos legales para solicitar el habeas corpus de ese médico?
A esta ilegal interrupción del derecho constitucional a una atención médica continua y oportuna se agrega la intención de ANDECLIP de suspender los servicios de salud a los afiliados de varias ARS, en reclamo de un aumento del 25 % en las tarifas y honorarios. ¿Se utilizaron las previsiones contractuales basadas en el debido proceso?
Obviamente, ambos casos, programados para la misma semana, constituyen acciones socialmente lesivas para millones de asegurados. Quizás por eso se multiplican las críticas contra estos atropellos a la población más pobre e indefensa, como ha ocurrido ante tantas otras violaciones que han quedado impunes.
Pero nuestra Fundación quiere llamar la atención sobre el trasfondo de esta desconsideración. Se trata de un abuso de poder cada vez más recurrente, producto de la ancestral incapacidad del Estado para garantizar los servicios más esenciales a los dominicanos que pagamos impuestos esperando recibir, a cambio, una protección al menos aceptable.
Esa ineficiencia pública ha propiciado un nivel de privatización que permite al CMD y a ANDECLIP colocarse, en la práctica, por encima de la Constitución y de las leyes. Un exceso que desnuda la enorme debilidad del Estado y de sus principales instituciones responsables de los servicios de educación, salud y pensiones. Alguien tiene que decir estas verdades dolorosas, ignoradas e incómodas.
La salud no es una mercancía cualquiera
La demanda de salud no es una mercancía cualquiera. Toda concesión privada debe estar regulada y sujeta al interés social. Nadie puede estar por encima de la ley.
Debido a las tradicionales deficiencias públicas, reconocidas durante décadas, el Estado se vio obligado a permitir una mayor participación privada en la administración y prestación de servicios médicos. Pero, por tratarse de una concesión sobre un derecho esencial, esta participación debe permanecer sometida a la rectoría del Estado y al estricto cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Lamentablemente, durante más de medio siglo el desempeño estatal ha estado muy por debajo de su responsabilidad constitucional de garantizar este servicio vital para la mayoría de las familias más pobres y vulnerables. Esa ineficiencia ha alimentado un círculo vicioso que profundiza la privatización y la mercantilización de la salud.
Más allá de las críticas al CMD y a ANDECLIP, es necesario reconocer abiertamente que estas humillaciones y abusos continuarán mientras no logremos un Estado capaz de:
- garantizar servicios oportunos, continuos y de calidad;
- imponer criterios de interés social a la práctica privada de la salud;
- utilizar su poder como principal comprador de servicios médicos para negociar tarifas y honorarios razonables en beneficio de los once millones de dominicanos.
Dejémonos de agarrar el rábano por las hojas.
Critiquemos estos abusos privados, pero exijamos también una red pública realmente centrada en los pacientes, que garantice más servicios, mayor calidad y jornadas de atención más amplias y continuas.
Ese es el único antídoto efectivo contra la privatización y la mercantilización de la salud.
Solo las deficiencias públicas, la politización del sistema sanitario, el clientelismo, el ausentismo y la corrupción permiten explicar por qué, en una economía de mercado, un Estado que compra millones de servicios de salud continúa aceptando tarifas al por menor y condiciones propias de un mercado dominado por un reducido número de prestadores de servicios de salud (PSS).
La Fundación Seguridad Social para Todos (FSSPT) llama a los líderes democráticos, a la opinión pública y a toda la sociedad a proclamar con firmeza que la salud no es una mercancía cualquiera.
Asimismo, recuerda que toda concesión privada debe estar sometida a normas específicas que protejan a la población frente a cualquier interrupción, abuso, sesgo o discriminación que afecte su derecho a la salud y su dignidad.
