El magistrado Justiniano Montero Montero, juez de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ); y la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, doctora Milagros Ortiz Bosch, coincidieron en afirmar que la protección de los datos y el principio de dignidad humana están muy bien concebidos y protegidos en la ley núm. 339-22 de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial.
Sostienen que el texto legal asume como propio los principios y regulaciones que consagra la Constitución en esa materia, como construcción de una verdadera estructura regulatoria, en cuanto a la protección de datos, la cual se encuentra afianzada en el contexto internacional por la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia vinculante en esa materia, tanto del Tribunal Constitucional, como de la Corte Interamericana.
El magistrado Montero en el contexto del encuentro internacional, auspiciado por la Unión Europea, como parte de un proyecto de apoyo y hermanamiento a la transformación digital, aseguró que la protección de datos también está salvaguardada en la Ley 172-13, que tiene como objetivo la protección integral de los datos personales asentados en archivos públicos como privados.
Asimismo, en la Ley 4-23 sobre Actos del Estado Civil, que estable que el uso de los datos biométricos, la recopilación y tratamiento debe hacerse respetando la intimidad de las personas. Igualmente, como lo establece la 136-03 que crea el Código para el Sistema de Protección y de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, cuyo artículo 18 reconoce el derecho al honor, reputación e imagen.
Los planteamientos del magistrado Montero se produjeron en ocasión al participar en el panel “La importancia del dato, trasparencia y políticas públicas”, donde explicó que la ley de Uso de Medios Digitales asume que hay que preservar el nombre, los datos sensibles que se pueden suscitar en un proceso, preservar la privacidad de domicilio, de imagen y que los datos deben ser íntegros, convincentes y confidenciales. En ese sentido en el marco de la disertación expuso.
“Entonces normativamente parece ser que no hay ninguna duda de que estamos idóneamente sentados en el carril institucional que corresponde”, afirmó.
Asimismo, explicó que la Ley 339-22 regula lo relativo a garantizar la publicidad de las audiencias y de los expedientes y, a su vez, está vinculado con el eje de transparencia establecido en el Plan Estratégico institucional del Poder Judicial.
“El derecho a la publicidad del expediente judicial no puede prevalecer por encima de lo que son los datos personales, de lo que se deriva que hay que matizar una fórmula idónea para preservar ambos contextos jurídicos. En ese orden las cosas que no interesan a la transparencia no tienen por qué exponerse”, explicó.
Indicó que el desafío puntual que tiene el Poder Judicial es crear una cultura de respeto a los derechos fundamentales de las personas y el manejo de los datos personales en el contexto de la comunicación y la tecnología.
Puntualizó como otra meta importante educar a los actores que intervienen en el Sistema de Justicia, entre ellos al Ministerio Público, la Policía Nacional y los órganos investigativos del Estado, donde a su entender debe prevalecer una visión de la ética pública y de los derechos humanos, como entorno de convivencia y de salvaguarda a la paz social y protección a la ciudadanía, que deben respetar las informaciones sensibles que tiene un proceso judicial.
De su lado, la doctora Milagros Ortiz Bosch explicó que durante la pandemia el Consejo del Poder Judicial, a través de una resolución buscó la manera de introducir en las audiencias el manejo correcto de la tecnología, y esa modalidad en el servicio judicial fue reconocido por el Congreso Nacional, por lo que hoy existe una ley, que es un paso de avance.
“Debemos ir avanzando hacia esa justicia capaz de modernizarse, conservar el derecho en su principio, pero que facilite al ser humano el derecho a un juicio justo, transparente, confiable y oportuno, y esto no se produce de manera aislada”, afirmó la doctora Ortiz Bosch.
En el panel también disertó Rosaura Quiñones, directora de Políticas Públicas del Poder Judicial, quien explicó que la transparencia y el uso efectivo de la información tienen repercusiones significativas para los poderes judiciales, al entender que ayuda a mejorar la confianza en el sistema de justicia, fortalecimiento de los sistemas que lo incorporan y la promoción de la participación ciudadana.
“Algunos de los logros que hemos tenido como Poder Judicial de República Dominicana en estos aspectos, incluye la implementación del escalafón judicial, el programa de fortalecimiento de la inspectoría judicial, mejoras en el índice de transparencia que mide el estado dominicano”, explicó Quiñones.
