El Poder Judicial aplica la Guía de Trato Digno para el Acceso a la Justicia y el Protocolo para Personas LGBTIQ+, con discapacidad y migrantes aprobados por el Consejo del Poder Judicial, acorde con una justicia inclusiva que garantice la dignidad de las personas.
El objetivo general de la Guía es proveer a jueces, juezas y servidores(as) judiciales de herramientas para la implementación de buenas prácticas en el trato a las personas usuarias del servicio de justicia, basado en la igualdad y el respeto a su dignidad humana.
Asimismo, el texto se aplica a jueces, juezas, funcionarios(as), servidoras y servidores del Poder Judicial dominicano para que en su interacción con las personas usuarias del servicio brinden un trato digno que facilite el acceso a la justicia.
También, contempla impulsar iniciativas a través de la interrelación con instituciones vinculadas a los operadores que intervienen en el sistema de justicia para motivar la promoción de las buenas prácticas descritas en la Guía.
La Guía es un instrumento sustentado en la Constitución dominicana, que en su artículo 39 establece el derecho a la igualdad, los tratados internacionales y convenciones de derechos humanos, la Ley núm.1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, Ley núm. 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, entre otras normativas. Este documento contó con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación (AECID), a través de apoyo técnico.
Mientras que el Protocolo de Trato Digno para el Acceso a la Justicia para Personas LGBTIQ+, con Discapacidad y Migrantes tiene por finalidad servir como herramienta pedagógica, de consulta y aprendizaje sobre el acceso a la justicia sin discriminación y con respeto a la dignidad personal; además, facilitar el trabajo y promover prácticas cotidianas del personal judicial en la mejora de los servicios y en la atención humanizada a todas las personas.
Asimismo, el Protocolo tiene carácter educativo, está dirigido al personal del Poder Judicial dominicano en el ejercicio de funciones judiciales, administrativas o de apoyo. Este protocolo fue elaborado con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la participación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
