El Gobierno de Javier Milei, mediante el decreto 1107/2024, autorizó el uso de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interna, permitiendo a los ministros de Defensa, Luis Petri, y de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitar apoyo militar en situaciones de “conmoción interior” o ante amenazas que comprometan objetivos considerados de “valor estratégico”.
Alcances del decreto
El decreto establece que las fuerzas policiales o de seguridad federal podrán requerir apoyo militar en casos de ataques, daños o destrucción de espacios considerados vitales para el Estado. Sin embargo, la normativa no define con claridad qué constituye un “objetivo de valor estratégico”, dejando esta interpretación en manos de los funcionarios nacionales.
Según el Ejecutivo, se consideran estratégicos “cualquier bien, instalación o entidad material cuya destrucción parcial o total ocasione graves perjuicios a la vida de los habitantes, la economía, el ambiente o la seguridad nacional”.
La medida también permite actuar frente a “amenazas y agresiones” de actores estatales, paraestatales o criminales, tanto de origen nacional como transfronterizo, durante períodos de paz, guerra o conflicto armado.
Motivaciones del Gobierno
La Casa Rosada argumentó que la detección y respuesta a amenazas, como el terrorismo internacional, justifican el decreto, subrayando que el orden y la seguridad nacional son prioridades en un contexto global cada vez más complejo.
Críticas de organizaciones de derechos humanos
La medida ha recibido críticas de organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que cuestionó la decisión de realizar una reforma de esta magnitud mediante decreto, eludiendo el debate legislativo.
“El decreto 1107/2024 modifica las leyes de Defensa y de Seguridad Interior, representando un nuevo intento por redefinir el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna”, expresó el CELS en un comunicado. La organización también advirtió que la definición de “objetivos de valor estratégico” es vaga, lo que podría abrir la puerta a abusos y discrecionalidad.
Un cambio en la política de seguridad argentina
El decreto reabre el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, un tema sensible en Argentina debido a su pasado dictatorial. La ley de Defensa Nacional tradicionalmente limita la participación militar a conflictos externos, mientras que la seguridad interior ha sido competencia de las fuerzas policiales.
Con esta medida, el Gobierno de Milei busca responder a las amenazas actuales, pero enfrenta cuestionamientos sobre posibles retrocesos en el respeto a los derechos humanos y al sistema democrático.
