Patricia Benavides, fiscal general de Perú, anunció el martes que abrió una investigación al primer ministro, Alberto Otárola, y al ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, por el presunto delito de colusión agravada.
A través de un comunicado, el Ministerio Público dio cuenta de la indagación preliminar al primer ministro, considerado segundo funcionario más importante del Gobierno, Adrianzén y Carola Rodríguez, hermana de una ex pareja de Otárola y contratada como asesora del ministro de Trabajo.
La ley peruana establece que la colusión agravada es un delito de defraudación patrimonial al Estado y se sanciona con una condena de 3 a 6 años de prisión.
La semana pasada, el semanario peruano “Hildebrandt en sus Trece” reveló que Carola Rodríguez fue designada por el ministro Adrianzén como asesora de su despacho con un sueldo de 15.500 soles mensuales (4.078 dólares).
Al conocer de la investigación de la fiscal general, el primer ministro respondió por Twitter que “aclaro de manera contundente que no he intervenido en esta designación” y aseguró que desde hace años no mantiene contacto con Carola Rodríguez.
El alto funcionario peruano afirmó que brindará plena colaboración a los investigadores y el ministro Adrianzén señaló que el pasado domingo explicó la contratación de su asesora pero si la fiscal considera relevante aclararlo más, así lo hará.
Alberto Otárola está implicado en otras dos investigaciones preliminares de la Fiscalía contra las principales autoridades del Ejecutivo, incluida la presidenta Dina Boluarte, por las muertes de decenas de ciudadanos en las protestas antigubernamentales que comenzaron en diciembre pasado.
