(Actualidad Rt).- La Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona en España ha acusado a la cantante colombiana Shakira de haber defraudado a Hacienda 6,7 millones de euros (más de 7 millones de dólares) en el ejercicio de 2018 mediante un entramado societario con sede en paraísos fiscales, informan medios locales.
La querella, que ya trascendió el pasado mes de julio y a la que tuvo acceso la prensa nacional, alega que en ese entonces la artista residía junto a su expareja Gerard Pique y sus dos hijos en Esplugues de Llobregat, en la provincia de Barcelona. Al ser residente en el país ibérico, estaba obligada a declarar y tributar por la totalidad de sus ingresos globales, independientemente de su origen y de la ubicación del pagador.
Sin embargo, según la Fiscalía, Shakira utilizó sociedades “instrumentales”, es decir, que no tienen ninguna actividad real, en “países de baja tributación y alta opacidad” como Luxemburgo, Países Bajos, Malta, Islas Vírgenes, Panamá, Bahamas, EE.UU. y Liechtenstein para evadir el pago de impuestos.
De acuerdo con las acusaciones, la barranquillera no declaró ganancias de 12,5 millones de dólares que obtuvo por su gira internacional El Dorado World Tour y omitió incluir rendimientos de sociedad por 2,5 millones de euros, además, presentó gastos por duplicado por un importe de 3 millones de euros, gastos por sus propios derechos musicales que no podían deducirse, por 3 millones, y gastos personales no justificados por un importe superior a los 500.000 euros.
Así, el supuesto fraude asciende a 5,4 millones de euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y cerca de 770.000 euros en el Impuesto sobre el Patrimonio (IP), con intereses de demora que elevan la deuda total a 6,7 millones de euros.
Se trata de la segunda causa por delito fiscal que afronta Shakira en España. En la primera, el juicio está previsto que inicie el próximo 20 de noviembre en la Audiencia de Barcelona por el supuesto fraude de 14,5 millones de euros (más de 15 millones de dólares) al fisco español entre los años 2012 y 2014. En caso de ser declarada culpable, podría incluso enfrentar una pena de prisión.
