Desde que el pasado 15 de febrero se destaparan los pagos del Barcelona a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 1994 y 2018, el caso, investigado por la Fiscalía, ha sacudido al club azulgrana y a los órganos del fútbol español.
Así ha evolucionado el ‘caso Negreira‘ desde que apareció en escena:
La investigación de la fiscalía
El pasado 15 de febrero el programa ‘Que t’hi jugues’ de SER Catalunya informó de que la Fiscalía de Barcelona investiga por un presunto delito de corrupción entre particulares a una empresa de José María Enríquez Negreira, exárbitro y número dos del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 1994 y 2018, por unos pagos de 1,4 millones de euros realizados por el FC Barcelona entre 2016 y 2018.
La investigación se inició a raíz de una inspección fiscal a DASNIL 95 SL, propiedad de Enríquez Negreira, por la tributación de los citados 1,4 millones de euros.
El Barcelona pagó a la citada empresa 532.728,02 euros en el año 2016, 541.752 euros en 2017 y 318.200 euros en el año 2018, que es cuando se produjo el último pago, una fecha que coincide con la constitución de un nuevo CTA y la salida de Enríquez Negreira del Comité.
Josep Maria Bartomeu, presidente en el periodo en el que se investigan dichos pagos, explicó que la relación con el vicepresidente del CTA entre 1994 y 2018 empezó bajo el mandato de José Luis Núñez y que, sucesivamente, esa relación se mantuvo con Joan Gaspart, Joan Laporta, Sandro Rosell y él mismo.
La reacción del Barcelona
A los pocos minutos de publicarse la noticia, el Barcelona admitió, en un comunicado, la contratación en el pasado los servicios de un proveedor externo (DASNIL 95 SL) para disponer de “informes técnicos” relacionados con el arbitraje profesional y con el objeto de “complementar información requerida por el cuerpo técnico del primer equipo y del filial”.
En declaraciones a los medios de comunicación del club, el presidente de la entidad, Joan Laporta, se dirigió, además, a los socios azulgranas: “Culers, no es casualidad de que salga ahora esta información o informaciones de este tipo en momentos en los que el Barcelona va bien, no es casualidad“.
El Barcelona decidió, además, externalizar la investigación de los hechos que han rodeado el caso, después de que el área de Compliance (control interno del club) activara de forma inmediata el protocolo de investigación.
Las pesquisas de la investigación
A raíz de la aparición de la noticia, varios medios de comunicación han dado a conocer más detalles de la investigación sobre la relación que entablaron Enríquez Negreira y el FC Barcelona a lo largo de las últimas dos décadas.
El número dos de los árbitros advirtió en febrero de 2019 al club azulgrana, entonces presidido por Josep María Bartomeu, en contar “sin miramientos las irregularidades del club que había conocido y vivido de primera mano”.
En esta línea, el diario El País desveló que la investigación de la Fiscalía constata que el club azulgrana pagó a Enríquez Negreira siete millones de euros entre 2001 y 2018 y que las cantidades aumentaron de forma notable durante el primer mandato del presidente Laporta (2003-2010).
El máximo dirigente aclaró que por aquel entonces “estos servicios” de la empresa de Enríquez Negreira se realizaron “con la factura y el soporte documental y de video correspondiente” y que las facturas se pagaban “por servicios prestados”.
El diario El País publicó que los investigadores han constatado que Contreras, vinculado al Barça con las directivas de José Luis Núñez, Joan Gaspart y Bartomeu, cobró presuntamente comisiones cercanas al 50% en los pagos que el club azulgrana realizó al hijo del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros Javier Enríquez.
Esta información se sumó al que publicó el diario El Mundo, que destapó que el exdirectivo facturó al menos 728.420 euros al Barcelona entre 2015 y 2018 a través de Tresep, una empresa propiedad del exdirigente azulgrana.
Los órganos del fútbol español piden explicaciones
Los órganos del fútbol español no tardaron en reaccionar tras la aparición del caso, si bien ha sido LaLiga, a través del presidente Javier Tebas, la organización que más ha opinado sobre el asunto.
En su primera reacción, el máximo dirigente de la patronal del fútbol español aseguró que no era posible aplicar sanciones deportivas contra el club azulgrana porque las posibles infracciones ya habían prescrito y subrayó que LaLiga no denuncia el caso para no entorpecer la investigación de la Fiscalía.
El Sevilla y el Espanyol fueron los dos primeros clubes en pedir una investigación a fondo sobre el caso y a ellos se sumaron LaLiga y su Comisión Delegada. En una comunicación conjunta, que respaldaron todos sus clubes salvo dos, “rechazaron y repudieron” los hechos, a la vez que trabajan activamente por esclarecer cualquier irregularidad que se haya podido producir alrededor” del mismo.
El Real Madrid no ha emitido un comunicado público sobre esta cuestión.
LaLiga también se ha dirigido a la Audiencia Nacional para pedir al juez que instruye el caso Soule que investigue los pagos de 4.400 euros que la Federación Española de Fútbol (RFEF) hizo al hijo de Enríquez Negreira durante los años 2011 y 2016, por si existió un desvío de los fondos que la patronal abona a este organismo, según avanzó Vozpopuli.
Por su parte, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a través del Departamento de Integridad, ha iniciado un requerimiento de información reservada. El Comité Técnico de Árbitros (CTA) lamentó los comportamientos que puedan ser susceptibles de atentar contra la ética del estamento arbitral.
Su presidente. Luis Medina Cantalejo, puso “la mano en el fuego por la honradez de los árbitros” y el organismo ha remitido a la plantilla actual de colegiados un cuestionario en el que les pregunta sobre la relación que hayan podido tener con el hijo de Enríquez Negreira antes y después de 2018.
Desde el Consejo Superior de Deportes (CSD), su presidente, José Manuel Franco, aseguró que actuará “con la debida contundencia cuando la Fiscalía termine su trabajo”, a pesar de que en la vía deportiva los hechos han prescrito.
Grupos parlamentarios como el Popular y Vox han pedido la comparecencia del secretario de Estado.
