Entre la moral conservadora y la negación de derechos: cómo el nuevo Código Penal traiciona los principios constitucionales y los derechos humanos en pleno siglo XXI.
Un Código que nos empuja hacia el abismo
La República Dominicana atraviesa un momento crítico. A pesar de los avances en derechos humanos a nivel global, sectores conservadores han logrado impulsar un proyecto de Código Penal retrógrado, profundamente alejado de los principios de equidad, dignidad humana y justicia social que establece nuestra Constitución.
Este Código no es solo una reforma jurídica. Es una declaración política y moral que castiga a los cuerpos disidentes, silencia a las mujeres y protege a los poderosos. Y por eso, debe ser resistido con toda la fuerza de la ciudadanía progresista.
Las tres causales: ¿cuánto vale la vida y la dignidad de una mujer?
Una de las omisiones más dolorosas y vergonzosas es la exclusión de las tres causales del aborto: cuando la vida de la madre está en peligro, cuando el embarazo es inviable o cuando ha sido producto de una violación o incesto. Negarle a una mujer el derecho a decidir en estos escenarios no es solo inhumano, es inconstitucional. Es tratar a las mujeres como incubadoras sin autonomía ni voz.
Mientras tanto, la penalización absoluta del aborto solo empuja a las mujeres pobres a la clandestinidad y la muerte, y perpetúa una cultura de control patriarcal sobre sus cuerpos.
Discriminación institucionalizada contra personas LGBTQ+
Aunque tímidamente se menciona la discriminación por orientación sexual en el proyecto, se evita penalizar de forma clara y contundente los crímenes de odio y las violencias estructurales que sufre la comunidad LGBTQ+. Este Código se niega a reconocer la dignidad plena de las personas diversas, reproduciendo una narrativa excluyente que ignora una de las poblaciones más vulnerables del país.
Impunidad para el poder, cárcel para los débiles
El nuevo Código introduce disposiciones que reducen las penas por corrupción administrativa, protegen el abuso policial, e incluso pueden considerarse permisivos con la tortura. Mientras tanto, criminaliza con más dureza la protesta social, penaliza con mayor rigor a los sectores empobrecidos y expande la lógica carcelaria como solución social.
Estamos, literalmente, frente a un Código que criminaliza la pobreza y blinda la corrupción. Un Código hecho a la medida del privilegio.
¿Modernización o moralismo represivo?
Quienes defienden este proyecto lo llaman “necesario” para actualizar un código obsoleto. Pero modernizar no significa imponer moralismos religiosos ni censura de derechos. Modernizar debería ser incluir las diversidades, proteger la dignidad humana, y adecuar la legislación a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Lo que se pretende aprobar no es una modernización, sino un retroceso histórico que costará vidas, perpetuará desigualdades y convertirá el sistema legal en un instrumento de represión institucional.
La resistencia es ahora
No podemos permitir que este Código se apruebe. No en nuestro nombre. No en nombre de las mujeres, de las personas LGBTQ+, de las niñas forzadas a parir, ni de los pobres criminalizados.
La lucha por un Código Penal justo no es solo una demanda legal, es una batalla por el alma de nuestra democracia.
