Los cuerpos de los 13 trabajadores mineros secuestrados el pasado 26 de abril en la provincia de Pataz, en la región peruana de La Libertad, fueron encontrados el domingo 4 de mayo. Según informes policiales, los mineros fueron ejecutados tras permanecer secuestrados sin ninguna negociación por parte de sus captores.
Las autoridades han señalado a Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, como principal sospechoso. Rodríguez habría exigido cuatro millones de soles (más de un millón de dólares) por liberar a los mineros. Este individuo es líder de una organización criminal que opera en la zona, involucrada en otros crímenes violentos.
La provincia de Pataz se encuentra bajo estado de emergencia desde febrero debido al incremento de delitos relacionados con la minería ilegal y mafias organizadas. El Ministerio del Interior ordenó el despliegue inmediato de unidades de élite especializadas en secuestros y crimen organizado, autorizadas a usar fuerza letal si fuera necesario.
El trágico suceso ha provocado una fuerte reacción política, llevando a congresistas como Roberto Sánchez, presidente de la bancada Juntos por el Perú, a promover una moción de censura contra Gustavo Adriazén, premier del país. Hasta el momento, se han reunido 20 de las 33 firmas necesarias para presentar formalmente la moción, buscando responsabilizar al gobierno por la crisis de seguridad pública.
