El juez Paul Engelmayer, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, emitió el pasado 30 de septiembre la orden que obliga a la administración Trump a fundamentar jurídicamente el uso de fuerza letal en aguas latinoamericanas. El plazo, de 14 días, vence en las próximas horas sin que Washington haya presentado aún una justificación formal ante la corte.
Las operaciones militares comenzaron el 2 de septiembre de 2025 y apuntan a embarcaciones artesanales que las autoridades estadounidenses denominan «narcolanchas». El gobierno de Trump defiende los ataques como parte de su lucha contra el narcotráfico y el «terrorismo», aunque, según la información disponible, no ha presentado pruebas fehacientes que sustenten esa calificación.
Más de 200 muertos y denuncias de ejecuciones extrajudiciales
Organismos internacionales, incluidas Naciones Unidas, han calificado las muertes como violaciones a los derechos humanos. Familiares de las víctimas acusan a la Casa Blanca de matar a civiles inocentes ante la ausencia de evidencia legal sobre supuestas actividades ilícitas.
El entonces presidente colombiano Gustavo Petro describió los ataques como «ejecuciones extrajudiciales» contra personas de origen humilde sin el debido proceso que exigen el derecho internacional y los acuerdos bilaterales. Rusia, México, Brasil y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también rechazaron las operaciones.
Entre los casos más documentados figura la desaparición de al menos ocho pescadores mexicanos en febrero de 2026. Mientras las fuerzas estadounidenses afirmaron haber «neutralizado» a 11 supuestos narcoterroristas, familiares y organizaciones locales denunciaron que se trataba de trabajadores civiles.
Demandas judiciales en varios países
En enero de 2026, dos familias de Trinidad y Tobago demandaron a Estados Unidos por la muerte de dos personas el 14 de octubre de 2025. Previamente, allegados del pescador colombiano Alejandro Andrés Carranza Medina, desaparecido desde el 15 de septiembre de 2025, presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El abogado Dan Kovalik, defensor en ese caso, declaró: «Yo lo describiría como un asesinato a sangre fría. En un momento dado, Pete Hegseth incluso admitió que no conocían la identidad de las personas a las que estaban asesinando».
Ecuador también figura entre los afectados: al menos tres embarcaciones fueron atacadas y sobrevivientes denunciaron tortura y secuestro por parte de hombres armados estadounidenses. La fiscal Alexandra Bravo, quien investigaba esas voladuras, fue asesinada a tiros en Manta por un sicario.
La «Operación Lanza del Sur» y el contexto regional
Desde agosto de 2025, Estados Unidos desplegó una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela bajo el argumento de la lucha antidrogas. Posteriormente, Washington anunció la denominada Operación Lanza del Sur con el propósito oficial de «eliminar a los narcoterroristas» del hemisferio occidental.
El asedio derivó en lo que la fuente describe como el “secuestro” del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, mientras tropas estadounidenses bombardeaban Caracas. Ambos fueron trasladados al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn bajo cargos de narcotráfico, de los que se han declarado inocentes. Cabe destacarque, sobre este hecho, el propio presidente Trump anunció la “captura” del presidente Nicolás Maduro y su esposa, bajo cargos de Narcotráfico.
Los bombardeos en el Caribe y el Pacífico han continuado tras esos eventos, con la participación reportada de gobiernos locales como el de Ecuador. El vencimiento del plazo judicial representa el primer escrutinio formal dentro del propio sistema legal estadounidense sobre la autoridad constitucional del presidente Trump para ordenar este tipo de acciones militares.
