En un giro que ha sacudido el tablero geopolítico regional, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esta acción eleva a un nuevo nivel la presión del gobierno de Washington sobre Caracas, despertando una oleada de reacciones y tensiones diplomáticas.
La respuesta desde Venezuela no se hizo esperar. El canciller Yván Gil Pinto condenó la medida a través de su canal de Telegram, tildando la recompensa como una “patética cortina de humo” y un “circo mediático” destinado a distraer a la opinión pública internacional de los problemas internos de EE.UU.
“Mientras nosotros desmontamos las tramas terroristas que se orquestan desde su país, esta señora sale con un circo mediático para complacer a la ultraderecha derrotada de Venezuela”, expresó Gil Pinto con tono enérgico.
Las acusaciones de Washington vinculan a Maduro con presuntas redes de narcotráfico y terrorismo, cargos que el mandatario venezolano ha rechazado sistemáticamente, calificándolos como parte de una estrategia para deslegitimar su mandato y desestabilizar al país.
Además de Maduro, Estados Unidos también ofrece 25 millones de dólares por Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y 15 millones por el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, acusados de actividades similares.
Como parte de esta escalada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense impuso nuevas sanciones a altos funcionarios del gobierno venezolano, a quienes acusan de facilitar “la represión, la corrupción y violaciones de derechos humanos”.
La medida ha desatado un fuerte debate internacional. Para muchos, esto representa una clara intensificación de la persecución política contra el gobierno chavista, en un contexto donde EE.UU. no reconoce la legitimidad de Maduro como presidente electo.
Otros, sin embargo, ven en las acusaciones un intento desesperado de desmontar las redes de poder que sostienen al régimen venezolano, considerado autoritario por diversas organizaciones internacionales de derechos humanos.
En cualquier caso, esta jugada de Washington parece abrir un nuevo capítulo en una ya prolongada confrontación, mientras la estabilidad regional se tambalea ante el peso de las amenazas cruzadas y la narrativa polarizada.
