El consejo de defensa del ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, principal implicado en el caso Calamar, interpuso una recusación y un sometimiento disciplinario en contra de la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, apoderada para el control de las investigaciones.
La instancia de recusación fue presentada por los abogados Eduardo Núñez, Manuel Rodríguez, Mario Aguilera, María del Pilar Zuleta, Laura Rodríguez y Reynaldo Ramos, por “actitudes deliberadamente parciales”, que estarían “obstruyendo el derecho a la defensa” del exministro.
Asimismo, el equipo legal del exfuncionario del Gobierno de Danilo Medina, también interpuso ante el Consejo del Poder Judicial una querella disciplinaria en contra de la titular del Segundo Juzgado, por presuntamente cometer “acciones claramente contrarias al derecho y a los mandatos que rigen su rol de juzgadora imparcial, racional y en coherencia con el ordenamiento jurídico”.
Conforme con el escrito de recusación se acusa a la jueza Padilla de dictar decisiones ilegales sin escuchar a las partes, ni celebrar audiencias, a pesar de que la ley así lo exige; retrasar durante meses la tramitación de recursos y solicitudes que por lo regular tardan días, además, de estar parcializada a favor del Ministerio Público.
Se recuerda que la jueza Padilla fue recusada el pasado mes de septiembre por los abogados del ex ministro José Ramón Peralta, también señalado en el caso Calamar, por “obrar con discrecionalidad excesiva” y violar los derechos del acusado, designando otra magistrada en su lugar para el control de las investigaciones del ex funcionario.
Según detallan los abogados la magistrada Patricia Padilla estaba apoderada de una solicitud de nulidad de investigación desde el 28 de noviembre del 2023 y que el 11 de diciembre dicha solicitud fue decidida de manera “administrativa”, sin convocatoria a audiencia y sin comunicación a las demás partes.
Destacan los abogados que, además de violar las reglas fundamentales del debido proceso, como derecho a defensa y principio de contradicción y oralidad, la resolución de la jueza fue notificada seis días después de que la solicitud de nulidad fuese retirada por los abogados, precisamente por las evidencias de parcialidad manifestada.
Afirman que la magistrada Padilla adelantó la fecha en la decisión para así ignorar la solicitud de retiro de la instancia de nulidad.
Según el escrito, resulta imposible que la magistrada tomase la decisión previo al retiro de la instancia, pues, en las indagatorias previas al depósito del retiro, la secretaria del tribunal afirmó que no existía sentencia ni audiencia fijada.
Continúan exponiendo los abogados que, a la fecha, aún no ha sido tramitado ante la Corte de Apelación un recurso depositado en fecha 23 de enero del 2024, lo que “obedece a un comportamiento parcial en aras de retrasar la revisión de su decisión violatoria de derechos fundamentales”.
Justificación
De acuerdo a la defensa, luego de dos meses para tramitar el recurso de apelación, la magistrada ha justificado su retraso en las notificaciones a los querellantes, lo cual es totalmente infundado, ya que todos han manifestado un domicilio procesal. Acusan así a la magistrada de tomar sus decisiones de forma secreta, sin audiencias y sin convocar a los querellantes.
